La Legislatura debía decidir si le iniciaba juicio político al Jefe de Gobierno. El mecanismo de enjuiciamiento es el siguiente: cada dos años la Legislatura se divide por sorteo en una Sala Acusadora, cuya función es la de determinar si se realiza el juicio político, y una Sala de Juzgamiento, que es la encargada de determinar si corresponde la destitución del funcionario. La Sala Acusadora está compuesta por el 75% de los legisladores y la Sala de Juzgamiento por el 25% restante, siempre respetando la proporcionalidad de los partidos. La sala acusadora debe nombrar en la primera sesión del año una comisión investigadora que analiza los hechos, garantizando la defensa del acusado. Si en la sala acusadora se obtienen los votos favorables de los dos tercios de sus miembros, se da curso a la acusación y se suspende al funcionario en sus funciones sin goce de haberes. Luego el debate pasa a la Sala de Juzgamiento, que si consigue el voto favorable de los dos tercios de sus miembros destituye al funcionario y puede inhabilitarlo para desempeñar cargos públicos por 10 años.
martes, 1 de noviembre de 2011
Caso Cromañón: instantáneas de una jornada histórica
Tensión, bronca y represión en la jornada definitoria del juicio oral por la causa Cromañón. Veinte años de cárcel para Chabán, 18 para el manager de Callejeros y la banda, absuelta. Del banderazo a la sala de audiencias, crónica de un día histórico y doloroso.
Cuando el juez Marcelo Alvero, del tribunal oral 24, leyó la absolución de los siete miembros de Callejeros y los allegados de la banda festejaron tirando volantes ("Callejeros culpables de qué") desde uno de los palcos superiores del recinto, volantes que cayeron sobre las cabezas de los familiares de los muertos como papelitos de cancha, la tensión acumulada estalló en bronca, insultos y forcejeos para pasar al otro lado del blíndex y arremeter contra los jueces y los músicos. "¡Hijos de puta!", gritaba un hombre contenido por la policía, rojo de la impotencia. "Hijo de puta vos", replicó desde el otro lado el abogado defensor de Callejeros, Martín Gutiérrez. "¡Necesito a mi hijo!", lloraba una mujer a los gritos.La sensación de injusticia que atacaba a los familiares era insoportable. Después de un año exacto de juicio oral (había comenzado el 19 de agosto de 2008), el tribunal resolvió condenar por el delito de estrago doloso seguido de muerte y cohecho activo (pago de coimas) a sólo tres de los quince imputados. Los jueces identificaron a tres responsables casi excluyentes por las 194 muertes y los 1.432 heridos: el gerenciador de República Cromañón (Omar Chabán, veinte años de prisión), el manager del grupo que coorganizó el show (Diego Argañaraz, 18 años de prisión) y el subcomisario de la 7ma (Carlos Díaz, 18 años de prisión). Las responsables del Control Comunal y la Fiscalización del gobierno de Ibarra (Fabiana Fiszbin y Ana Fernández) recibieron penas mucho más leves y excarcelables por incumplimiento del deber de funcionario público. Raúl Villarreal, mano derecha de Chabán, deberá pagar su condena como partícipe secundario del cohecho (un año de prisión en suspenso) cumpliendo tareas comunitarias. El comisario Miguel Belay y el funcionario Gustavo Torres fueron absueltos. Ninguno de los imputados fue encerrado en el acto. Se viene una larga etapa de apelaciones de las distintas partes.
"Jueces hijos de puta. ¡Cobardes!", gritaba una madre cuando los magistrados volvieron del cuarto intermedio para leer los fundamentos, y fueron recibidos de espaldas por los familiares que quedaban en el recinto, con las fotos de sus hijos y hermanos en alto. El único de los imputados que volvió fue Maximiliano Djerfy, ex guitarrista de la banda de Celina. "Tenían pruebas, ¡cobardes!, Fontanet era socio de Chabán", se escuchaba. "Fuimos demasiado mansos", lloraba una mujer. "Acá tienen a los padres mansos." Personal del SAME asistía a la gente que sufría ataques de nervios, y una madre decía: "Estuvimos dos años en este lugar esuchando boludeces y verdades. Y ahora esto. Este es un fallo político. No hay justicia."
En la calle se vivían momentos igualmente tensos. Los familiares que quisieron irrumpir fueron reprimidos por la policía que custodiaba el Palacio de Justicia. Hubo golpes, camiones hidrantes que disparaban pintura y vallas lanzadas en una y otra dirección. Sobre Talcahuano, los fans de Callejeros festejaban y, un rato después, coronaron su banderazo en el Obelisco. Ninguno parecía reparar en el hecho de que Argañaraz, un amigo que hacía las veces de manager en una banda de funcionamiento horizontal, había recibido, a diferencia de sus compañeros, una condena durísima.
Chabán, que se había retirado de la sala apenas escuchó su sentencia, en el comienzo mismo de la audiencia, terminó saliendo de Tribunales al anochecer, por una pequeña puerta de la calle Tucumán. La misma por la que, un par de horas antes, se había ido Pato Santos Fontanet antes de subirse al asiento de atrás de un sedán gris. Fue el final de un día doloroso y definitorio que, en realidad, no es más que un nuevo comienzo para esta historia que comenzó en un show de rock hace cuatro años, siete meses y veinte días.
Condenado a 20 años de cárcel el dueño de una discoteca argentina donde murieron 194 personas
El tribunal absuelve a los músicos de la banda rock que daban un recital la fatídica noche de finales de 2004.- Los familiares rechazan la sentencia
La Justicia argentina condenó este miércoles a penas de hasta 20 años de prisión a los seis responsables de una las mayores tragedias civiles de su historia: el incendio de la discoteca Cromañón, la noche del 30 de diciembre de 2004 en Buenos Aires, en la que murieron 194 personas, la mayoría, adolescentes y jóvenes. La sentencia no satisfizo a los familiares de las víctimas porque fueron absueltos los integrantes del grupo de rock que tocaba allí aquel día, Callejeros. Tras conocerse el fallo, algunos parientes intentaron golpear a los músicos tanto en la sala del juicio -la misma donde se había condenado a las juntas de la última dictadura militar, en 1985- como a la salida del Palacio de Tribunales, pero la policía los reprimió con palos y camiones hidrantes.
El gerente de la discoteca, Omar Chabán, uno de los conocidos promotores del rock alternativo argentino, fue condenado a 20 años de prisión como responsable de incendio doloso (con intención de provocarlo) y soborno al subcomisario policial Carlos Rubén Díaz, a cargo del destacamento del barrio de Once, donde se encuentra Cromañón, que ha quedado tal como aquella noche.
La discoteca, que se había abierto en enero de 2004 como espacio para las nuevas bandas del llamado rock suburbano o chabón, había albergado aquella noche a 2.811 personas, en lugar de las 1.031 permitidas. Además, el sitio estaba habilitado como discoteca, y no como estadio para conciertos, y carecía del certificado en vigencia del escuadrón de Bomberos, dependiente de la Policía Federal. Las salidas de emergencia estaban cerradas con candados y alambres. Una bengala inició el fuego, que mató por asfixia y quemaduras a 194 personas, incluidos familiares de los músicos e hijos pequeños de jóvenes fanáticos del grupo. Además, 1.432 sufrieron heridas. Varios padres de las víctimas no asistieron a la audiencia judicial porque murieron en la triste espera de justicia de los últimos cuatro años y medio.
El representante de Callejeros, Diego Argañaraz, fue sentenciado a 18 años de cárcel por el incendio doloso y como partícipe necesario del soborno. El policía Díaz pasará la misma cantidad de años en la prisión por haber recibido la coima y como partícipe necesario de la tragedia. Chabán, Argañaraz y Díaz no quedaron recluidos porque las condenas no estarán firmes hasta que sean ratificadas o rectificadas por la Cámara de Casación Penal.
Dos funcionarias fueron condenadas por incumplimiento de sus deberes a dos años de prisión, que no se cumplirán en forma efectiva, y a cuatro años de inhabilitación en la administración pública. Se trata de la ex subsecretaría de Control Comunal, Fabiana Fiszbin, y la ex directora adjunta de Fiscalización y Control, Ana María Fernández. Raúl Villarreal, colaborador del empresario Chabán, fue sentenciado a un año de prisión, pero tampoco irá tras las rejas.
Los otros nueve acusados, entre ellos, los músicos de Callejeros, un policía y otro funcionario, fueron absueltos por los tres magistrados del tribunal, Marcelo Alvero, María Cecilia Maiza y Daniel Llanos, después de un año de juicio oral y público. Mientras los familiares de las víctimas manifestaban su desazón por el fallo entre llantos, gritos y golpes dentro de la sala, decenas de fanáticos de la banda de rock festejaban afuera de Tribunales entonando sus canciones, bailando y agitando sus banderas de estilo futbolístico.
La tragedia de Cromañón le había costado el cargo al entonces alcalde de Buenos Aires, Aníbal Ibarra, un político de centroizquierda que había llegado al poder en 2000 con el apoyo del Gobierno del radical Fernando de la Rúa y había sido reelegido tres años después con el respaldo del entonces presidente argentino, el peronista Néstor Kirchner. Ibarra fue destituido en 2006 en un juicio al que lo sometió la Legislatura porteña como responsable político del incendio. En 2007, Ibarra fue elegido legislador de Buenos Aires, pero este año, ya distanciado de Kirchner, fracasó en su intento por acceder al Congreso nacional.
El gerente de la discoteca, Omar Chabán, uno de los conocidos promotores del rock alternativo argentino, fue condenado a 20 años de prisión como responsable de incendio doloso (con intención de provocarlo) y soborno al subcomisario policial Carlos Rubén Díaz, a cargo del destacamento del barrio de Once, donde se encuentra Cromañón, que ha quedado tal como aquella noche.
La discoteca, que se había abierto en enero de 2004 como espacio para las nuevas bandas del llamado rock suburbano o chabón, había albergado aquella noche a 2.811 personas, en lugar de las 1.031 permitidas. Además, el sitio estaba habilitado como discoteca, y no como estadio para conciertos, y carecía del certificado en vigencia del escuadrón de Bomberos, dependiente de la Policía Federal. Las salidas de emergencia estaban cerradas con candados y alambres. Una bengala inició el fuego, que mató por asfixia y quemaduras a 194 personas, incluidos familiares de los músicos e hijos pequeños de jóvenes fanáticos del grupo. Además, 1.432 sufrieron heridas. Varios padres de las víctimas no asistieron a la audiencia judicial porque murieron en la triste espera de justicia de los últimos cuatro años y medio.
El representante de Callejeros, Diego Argañaraz, fue sentenciado a 18 años de cárcel por el incendio doloso y como partícipe necesario del soborno. El policía Díaz pasará la misma cantidad de años en la prisión por haber recibido la coima y como partícipe necesario de la tragedia. Chabán, Argañaraz y Díaz no quedaron recluidos porque las condenas no estarán firmes hasta que sean ratificadas o rectificadas por la Cámara de Casación Penal.
Dos funcionarias fueron condenadas por incumplimiento de sus deberes a dos años de prisión, que no se cumplirán en forma efectiva, y a cuatro años de inhabilitación en la administración pública. Se trata de la ex subsecretaría de Control Comunal, Fabiana Fiszbin, y la ex directora adjunta de Fiscalización y Control, Ana María Fernández. Raúl Villarreal, colaborador del empresario Chabán, fue sentenciado a un año de prisión, pero tampoco irá tras las rejas.
Los otros nueve acusados, entre ellos, los músicos de Callejeros, un policía y otro funcionario, fueron absueltos por los tres magistrados del tribunal, Marcelo Alvero, María Cecilia Maiza y Daniel Llanos, después de un año de juicio oral y público. Mientras los familiares de las víctimas manifestaban su desazón por el fallo entre llantos, gritos y golpes dentro de la sala, decenas de fanáticos de la banda de rock festejaban afuera de Tribunales entonando sus canciones, bailando y agitando sus banderas de estilo futbolístico.
La tragedia de Cromañón le había costado el cargo al entonces alcalde de Buenos Aires, Aníbal Ibarra, un político de centroizquierda que había llegado al poder en 2000 con el apoyo del Gobierno del radical Fernando de la Rúa y había sido reelegido tres años después con el respaldo del entonces presidente argentino, el peronista Néstor Kirchner. Ibarra fue destituido en 2006 en un juicio al que lo sometió la Legislatura porteña como responsable político del incendio. En 2007, Ibarra fue elegido legislador de Buenos Aires, pero este año, ya distanciado de Kirchner, fracasó en su intento por acceder al Congreso nacional.
Dictaron condenas en caso Cromañon en Argentina
En un fallo unánime, el Tribunal Oral en lo Criminal 24 condenó a Emir Omar Chabán a 20 años de prisión y absolvió a los músicos de Callejeros. Alrededor de las 15.20 comenzó la lectura de la sentencia para los 15 imputados por el incendio de Cromañon ocurrido en diciembre de 2004, que dejó como saldo 194 muertos y 1432 personas heridas.
En cuanto a los músicos de la banda Callejeros, Patricio Fontanet, Juan Carbone, Cristian Torrejón, Elio Delgado, Daniel Cardell, Eduardo Vázquez, Maximiliano Djerfy, el tribunal decidió la absolución del delito de estrago doloso por el beneficio de la duda.
Al momento en que se hizo este anuncio, familiares y allegados a las víctimas comenzaron a gritar e insultar. La lectura se vio interrumpida durante unos segundos debido a la tensión en la sala. Chabán se retiróde la sala apenas escuchó su sentencia.
Para el manager de la banda, Diego Argarañaz, la condena fue a 18 años de prisión por el delito de incendio doloso calificado.
Raúl Villarreal, la mano derecha de Omar Chabán fue condenado a la pena de un año de prisión en suspenso como partícipe secundario.
La ex subsecretaria de Control Comunal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Fabiana Fiszbin, fue condenada a la pena de 2 años de prisión por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. La misma pena recibió Ana María Fernández, ex directora de Fiscalización y Control.
Además se condenó a los 15 imputados y al Gobierno Nacional y al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a pagar en el lapso de diez días la suma de 121.600 pesos.
En cuanto a los músicos de la banda Callejeros, Patricio Fontanet, Juan Carbone, Cristian Torrejón, Elio Delgado, Daniel Cardell, Eduardo Vázquez, Maximiliano Djerfy, el tribunal decidió la absolución del delito de estrago doloso por el beneficio de la duda.
Al momento en que se hizo este anuncio, familiares y allegados a las víctimas comenzaron a gritar e insultar. La lectura se vio interrumpida durante unos segundos debido a la tensión en la sala. Chabán se retiróde la sala apenas escuchó su sentencia.
Para el manager de la banda, Diego Argarañaz, la condena fue a 18 años de prisión por el delito de incendio doloso calificado.
Raúl Villarreal, la mano derecha de Omar Chabán fue condenado a la pena de un año de prisión en suspenso como partícipe secundario.
La ex subsecretaria de Control Comunal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Fabiana Fiszbin, fue condenada a la pena de 2 años de prisión por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. La misma pena recibió Ana María Fernández, ex directora de Fiscalización y Control.
Además se condenó a los 15 imputados y al Gobierno Nacional y al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a pagar en el lapso de diez días la suma de 121.600 pesos.
Tragedia en República Cromañón
Dolor e irresponsabilidades del 30/12
El pasado jueves 30 de diciembre un tragedia sucedió en el barrio de Once y enlutó la ciudad de Buenos Aires. La discoteca República Cromañón sufrió un feroz incendio que dejó a casi dos centenares de personas muertas y unos setecientos heridos, con más de un centenar que pasaron por terapia y que aún quedan allí varias decenas de pacientes. El dolor aún sacude a la población en un drama que pudo ser totalmente evitado y que ahora no puede quedar impune como tantos lamentables sucesos de la historia Argentina.
La tragedia que enlutó la finalización del 2004 a los argentinos tiene un carácter completamente distinto a la destrucción que ocurrió en Oceanía a consecuencia del tsunami. Mientras esta fue una catástrofe producida por la naturaleza (aunque cabe reconocer que si los gobiernos de los diferente países afectados hubiesen preparado con anterioridad un sistema de alerta –que tecnológicamente hoy es posible-, la cantidad de muertes hubiera sido notoriamente menor), en el caso del incendio de la discoteca República Cromañón todo fue bajo la responsabilidad humana, tanto por acción como por omisión.
La magnitud, en cantidad de vidas humanas, de la desgracia fue superior a la suma de los atentados de la Embajada de Israel (17/3/1992), y la AMIA (Asociación Mutual Israelita Argentina), el pasado 18 de julio de 1998, y nos estamos refiriendo al mayor atentado terrorista de la historia de la Argentina. Sería doblemente dramático que no pudiera modificarse nada en la sociedad argentina luego de este incendio al igual que si permanecen impunes los numerosos responsables.
Veredicto del caso Cromañón provoca disturbios en Argentina
BUENOS AIRES, ARGENTINA.- El sorpresivo veredicto judicial dictado ayer por el caso del incendio de una discoteca de Buenos Aires en 2004, en el que murieron 193 personas, provocó reacciones encontradas y disturbios entre familiares de las víctimas y la Policía. El tribunal oral que durante un año siguió el juicio por el incendio de la discoteca República Cromañón condenó por unanimidad a 20 años de prisión al administrador del local, Omar Chabán, por estrago doloso y homicidio simple, pero absolvió a la banda de rock Callejeros, que tocaba la noche del 30 de diciembre de 2004 en la que se desató el siniestro.
La absolución de la banda fue celebrada por los seguidores de Callejeros que aguardaban el veredicto a las puertas del palacio de los Tribunales de Buenos Aires, donde allegados de las víctimas reaccionaron con violencia y se enfrentaron con la Policía, que había montado un fuerte operativo de seguridad.
En el interior del tribunal, familiares de los fallecidos rompieron en gritos y llantos al escuchar la sentencia que absolvió al grupo musical y condenó por los mismos delitos a Chabán y a otros implicados en el caso, que recibieron penas de entre uno y 18 años, mucho menores a las solicitadas por los querellantes.
"No puedo creer que hayan absuelto a Callejeros. Tengo mucha bronca, no puedo hablar", señaló entre sollozos uno de los familiares de las víctimas luego de que el tribunal leyera la sentencia.
El tribunal oral condenó además al representante de Callejeros, Diego Argañaraz, a 18 años de cárcel, al igual que al expolicía federal Carlos Rubén Díaz, responsable de la comisaría de la zona de la discoteca.
Las condenas se harán firmes si son confirmadas por la Cámara de Casación Penal, por lo que aquellos acusados que fueron sentenciados aún no quedarán presos, aunque sí se deberán reportar periódicamente ante la Justicia y no podrán salir del país.
Los jueces también condenaron a dos años de prisión y cuatro de inhabilitación para ejercer cargos públicos a dos ex funcionarias municipales que trabajaban en el área que otorgaba las habilitaciones de las discotecas en el momento de la tragedia.
Raúl Villarreal, mano derecha de Chabán, fue condenado a un año de prisión en suspenso por ser considerado partícipe secundario de cohecho, pero fue absuelto por los delitos de homicidio y estrago doloso.
"Soy consciente de que no todos tuvieron la misma responsabilidad, pero es ridícula la absolución de Callejeros y de Villarreal. No puede ser que ellos no supieran lo que pasaba si Chabán y el representante de la banda fueron condenados", señaló Eugenia, familiar de Victoria Azar, una de las víctimas mortales del incendio.
En contraste con la desazón de los familiares de los fallecidos, simpatizantes de Callejeros que aguardaban la sentencia celebraron la absolución, lo que alimentó la ira de los afectados hasta el punto de que dos de ellos se desmayaron y otros debieron ser retirados de la sala.
La Fiscalía había acusado a los músicos de organizar, junto a Chabán, el recital, en el que, según testigos, se permitió que entraran personas con bengalas, cuya utilización era usual en los conciertos de Callejeros.
Durante el juicio, los testigos dieron por acreditado que en la noche del 30 de diciembre de 2004 ocurrió un incendio porque se arrojó pirotecnia al techo, se cortó la luz y los asistentes al recital no pudieron salir del local porque las salidas de emergencia estaban bloqueadas.
El siniestro, en el que murieron 193 personas y otras mil 432 resultaron heridas, también costó a Aníbal Ibarra el cargo de alcalde de Buenos Aires.
Ibarra fue destituido a finales de 2005 por "mal desempeño de sus funciones" al final de un juicio político al que le sometió el Legislativo de la ciudad.
La absolución de la banda fue celebrada por los seguidores de Callejeros que aguardaban el veredicto a las puertas del palacio de los Tribunales de Buenos Aires, donde allegados de las víctimas reaccionaron con violencia y se enfrentaron con la Policía, que había montado un fuerte operativo de seguridad.
En el interior del tribunal, familiares de los fallecidos rompieron en gritos y llantos al escuchar la sentencia que absolvió al grupo musical y condenó por los mismos delitos a Chabán y a otros implicados en el caso, que recibieron penas de entre uno y 18 años, mucho menores a las solicitadas por los querellantes.
"No puedo creer que hayan absuelto a Callejeros. Tengo mucha bronca, no puedo hablar", señaló entre sollozos uno de los familiares de las víctimas luego de que el tribunal leyera la sentencia.
El tribunal oral condenó además al representante de Callejeros, Diego Argañaraz, a 18 años de cárcel, al igual que al expolicía federal Carlos Rubén Díaz, responsable de la comisaría de la zona de la discoteca.
Las condenas se harán firmes si son confirmadas por la Cámara de Casación Penal, por lo que aquellos acusados que fueron sentenciados aún no quedarán presos, aunque sí se deberán reportar periódicamente ante la Justicia y no podrán salir del país.
Los jueces también condenaron a dos años de prisión y cuatro de inhabilitación para ejercer cargos públicos a dos ex funcionarias municipales que trabajaban en el área que otorgaba las habilitaciones de las discotecas en el momento de la tragedia.
Raúl Villarreal, mano derecha de Chabán, fue condenado a un año de prisión en suspenso por ser considerado partícipe secundario de cohecho, pero fue absuelto por los delitos de homicidio y estrago doloso.
"Soy consciente de que no todos tuvieron la misma responsabilidad, pero es ridícula la absolución de Callejeros y de Villarreal. No puede ser que ellos no supieran lo que pasaba si Chabán y el representante de la banda fueron condenados", señaló Eugenia, familiar de Victoria Azar, una de las víctimas mortales del incendio.
En contraste con la desazón de los familiares de los fallecidos, simpatizantes de Callejeros que aguardaban la sentencia celebraron la absolución, lo que alimentó la ira de los afectados hasta el punto de que dos de ellos se desmayaron y otros debieron ser retirados de la sala.
La Fiscalía había acusado a los músicos de organizar, junto a Chabán, el recital, en el que, según testigos, se permitió que entraran personas con bengalas, cuya utilización era usual en los conciertos de Callejeros.
Durante el juicio, los testigos dieron por acreditado que en la noche del 30 de diciembre de 2004 ocurrió un incendio porque se arrojó pirotecnia al techo, se cortó la luz y los asistentes al recital no pudieron salir del local porque las salidas de emergencia estaban bloqueadas.
El siniestro, en el que murieron 193 personas y otras mil 432 resultaron heridas, también costó a Aníbal Ibarra el cargo de alcalde de Buenos Aires.
Ibarra fue destituido a finales de 2005 por "mal desempeño de sus funciones" al final de un juicio político al que le sometió el Legislativo de la ciudad.
Condenan en Argentina a responsables del caso Cromañon
Buenos Aires, Argentina.- La justicia argentina condenó hoy con penas de hasta 20 años de cárcel a los principales responsables del incendio de la discoteca capitalina Cromañon, donde 194 jóvenes perdieron la vida el 30 de diciembre de 2004.
El Tribunal Oral en lo Criminal 24 dio a conocer este miércoles su veredicto en el caso, donde el empresario Emir Omar Chabán, dueño de la discoteca siniestrada, recibió la mayor condena, a 20 años de presidio por su responsabilidad en los hechos.
El Tribunal Oral en lo Criminal 24 dio a conocer este miércoles su veredicto en el caso, donde el empresario Emir Omar Chabán, dueño de la discoteca siniestrada, recibió la mayor condena, a 20 años de presidio por su responsabilidad en los hechos.
Veredicto del caso Cromañón provoca disturbios en Argentina
El tribunal que siguió el juicio por el incendio en la discoteca República de Cromañón condenó a 20 años al dueño del local, pero absolvió al grupo de rock que provocó el incendio, en el que murieron 193 jóvenes
El sorpresivo veredicto judicial dictado este miércoles por el caso del incendio de una discoteca de Buenos Aires en 2004, en el que murieron 193 personas, provocó reacciones encontradas y disturbios entre familiares de las víctimas y la policía.
El tribunal oral que durante un año siguió el juicio por el incendio de la discoteca República Cromañón condenó por unanimidad a 20 años de prisión al administrador del local, Omar Chabán, por estrago doloso y homicidio simple, pero absolvió a la banda de rock Callejeros, que tocaba la noche del 30 de diciembre de 2004 en la que se desató el siniestro.
La absolución de la banda fue celebrada por los seguidores de Callejeros que aguardaban el veredicto a las puertas del palacio de los Tribunales de Buenos Aires, donde allegados de las víctimas reaccionaron con violencia y se enfrentaron con la policía, que había montado un fuerte operativo de seguridad.
En el interior del tribunal, familiares de los fallecidos rompieron en gritos y llantos al escuchar la sentencia que absolvió al grupo musical y condenó por los mismos delitos a Chabán y a otros implicados en el caso, que recibieron penas de entre uno y 18 años, mucho menores a las solicitadas por los querellantes.
"No puedo creer que hayan absuelto a Callejeros. Tengo mucha bronca, no puedo hablar", señaló entre sollozos uno de los familiares de las víctimas luego de que el tribunal leyera la sentencia.
El tribunal oral condenó además al representante de Callejeros, Diego Argañaraz, a 18 años de cárcel, al igual que al ex policía federal Carlos Rubén Díaz, responsable de la comisaría de la zona de la discoteca.
Las condenas se harán firmes si son confirmadas por la Cámara de Casación Penal, por lo que aquellos acusados que fueron sentenciados aún no quedarán presos, aunque sí se deberán reportar periódicamente ante la Justicia y no podrán salir del país.
Los jueces también condenaron a dos años de prisión y cuatro de inhabilitación para ejercer cargos públicos a dos ex funcionarias municipales que trabajaban en el área que otorgaba las habilitaciones de las discotecas en el momento de la tragedia.
Raúl Villarreal, mano derecha de Chabán, fue condenado a un año de prisión en suspenso por ser considerado partícipe secundario de cohecho, pero fue absuelto por los delitos de homicidio y estrago doloso.
"Soy consciente de que no todos tuvieron la misma responsabilidad, pero es ridícula la absolución de Callejeros y de Villarreal. No puede ser que ellos no supieran lo que pasaba si Chabán y el representante de la banda fueron condenados", señaló Eugenia, familiar de Victoria Azar, una de las víctimas mortales del incendio.
En contraste con la desazón de los familiares de los fallecidos, simpatizantes de Callejeros que aguardaban la sentencia celebraron la absolución, lo que alimentó la ira de los afectados hasta el punto de que dos de ellos se desmayaron y otros debieron ser retirados de la sala.
La Fiscalía había acusado a los músicos de organizar, junto con Chabán, el recital, en el que, según testigos, se permitió que entraran personas con bengalas, cuya utilización era usual en los conciertos de Callejeros.
Durante el juicio, los testigos dieron por acreditado que en la noche del 30 de diciembre de 2004 ocurrió un incendio porque se arrojó pirotecnia al techo, se cortó la luz y los asistentes al recital no pudieron salir del local porque las salidas de emergencia estaban bloqueadas.
El siniestro, en el que murieron 193 personas y otras mil 432 resultaron heridas, también costó a Aníbal Ibarra el cargo de alcalde de Buenos Aires.
Ibarra fue destituido a finales de 2005 por "mal desempeño de sus funciones" al final de un juicio político al que le sometió el Legislativo de la ciudad.
El sorpresivo veredicto judicial dictado este miércoles por el caso del incendio de una discoteca de Buenos Aires en 2004, en el que murieron 193 personas, provocó reacciones encontradas y disturbios entre familiares de las víctimas y la policía.
El tribunal oral que durante un año siguió el juicio por el incendio de la discoteca República Cromañón condenó por unanimidad a 20 años de prisión al administrador del local, Omar Chabán, por estrago doloso y homicidio simple, pero absolvió a la banda de rock Callejeros, que tocaba la noche del 30 de diciembre de 2004 en la que se desató el siniestro.
La absolución de la banda fue celebrada por los seguidores de Callejeros que aguardaban el veredicto a las puertas del palacio de los Tribunales de Buenos Aires, donde allegados de las víctimas reaccionaron con violencia y se enfrentaron con la policía, que había montado un fuerte operativo de seguridad.
En el interior del tribunal, familiares de los fallecidos rompieron en gritos y llantos al escuchar la sentencia que absolvió al grupo musical y condenó por los mismos delitos a Chabán y a otros implicados en el caso, que recibieron penas de entre uno y 18 años, mucho menores a las solicitadas por los querellantes.
"No puedo creer que hayan absuelto a Callejeros. Tengo mucha bronca, no puedo hablar", señaló entre sollozos uno de los familiares de las víctimas luego de que el tribunal leyera la sentencia.
El tribunal oral condenó además al representante de Callejeros, Diego Argañaraz, a 18 años de cárcel, al igual que al ex policía federal Carlos Rubén Díaz, responsable de la comisaría de la zona de la discoteca.
Las condenas se harán firmes si son confirmadas por la Cámara de Casación Penal, por lo que aquellos acusados que fueron sentenciados aún no quedarán presos, aunque sí se deberán reportar periódicamente ante la Justicia y no podrán salir del país.
Los jueces también condenaron a dos años de prisión y cuatro de inhabilitación para ejercer cargos públicos a dos ex funcionarias municipales que trabajaban en el área que otorgaba las habilitaciones de las discotecas en el momento de la tragedia.
Raúl Villarreal, mano derecha de Chabán, fue condenado a un año de prisión en suspenso por ser considerado partícipe secundario de cohecho, pero fue absuelto por los delitos de homicidio y estrago doloso.
"Soy consciente de que no todos tuvieron la misma responsabilidad, pero es ridícula la absolución de Callejeros y de Villarreal. No puede ser que ellos no supieran lo que pasaba si Chabán y el representante de la banda fueron condenados", señaló Eugenia, familiar de Victoria Azar, una de las víctimas mortales del incendio.
En contraste con la desazón de los familiares de los fallecidos, simpatizantes de Callejeros que aguardaban la sentencia celebraron la absolución, lo que alimentó la ira de los afectados hasta el punto de que dos de ellos se desmayaron y otros debieron ser retirados de la sala.
La Fiscalía había acusado a los músicos de organizar, junto con Chabán, el recital, en el que, según testigos, se permitió que entraran personas con bengalas, cuya utilización era usual en los conciertos de Callejeros.
Durante el juicio, los testigos dieron por acreditado que en la noche del 30 de diciembre de 2004 ocurrió un incendio porque se arrojó pirotecnia al techo, se cortó la luz y los asistentes al recital no pudieron salir del local porque las salidas de emergencia estaban bloqueadas.
El siniestro, en el que murieron 193 personas y otras mil 432 resultaron heridas, también costó a Aníbal Ibarra el cargo de alcalde de Buenos Aires.
Ibarra fue destituido a finales de 2005 por "mal desempeño de sus funciones" al final de un juicio político al que le sometió el Legislativo de la ciudad.
Pronóstico judicial: el caso Cromañón sale con condenas de estrago culposo.
No somos de hacer pronósticos, pero el juicio de Callejeros viene bien para entender cómo funcionan los conceptos de culpa y dolo.
Parece estar claro, también, que ni ellos, ni nadie directamente relacionado con ellos, prendieron la mecha del "tres tiros" que desató el incendio.
Por otro lado, con lo que podemos saber del caso está caso que ellos, y los organizadores, permitieron e incitaban el uso de pirotecnia y bengalas en sus shows.
Por esto último, son culpables, y así deben ser declarados.
La pregunta es "de qué" son culpables, y hay dos "figuras" en juego: si es estrago doloso agravado -el delito por el que los imputan, art. 186 inc.5 C.P.- la pena es de ocho a veinte años.
Si es estrago culposo agravado (art. 189 2º pfo. C.P.), la pena es de cinco años máximo.
Parece estar claro, también, que ni ellos, ni nadie directamente relacionado con ellos, prendieron la mecha del "tres tiros" que desató el incendio.
Por otro lado, con lo que podemos saber del caso está caso que ellos, y los organizadores, permitieron e incitaban el uso de pirotecnia y bengalas en sus shows.
Por esto último, son culpables, y así deben ser declarados.
La pregunta es "de qué" son culpables, y hay dos "figuras" en juego: si es estrago doloso agravado -el delito por el que los imputan, art. 186 inc.5 C.P.- la pena es de ocho a veinte años.
Si es estrago culposo agravado (art. 189 2º pfo. C.P.), la pena es de cinco años máximo.
DOLOR Y CULPA
En términos muy coloquiales, el dolo equivale a "hacer algo a propósito". No se necesita hacerlo de propia mano, y por eso puede ser condenado por homicidio no sólo el que mata, sino el que ha sostenido a alguien para que otro lo acuchille. Estos son temas de autoría y participación, tema y título del próximo libro de Alberto Fernández (es en serio).
Por el contrario, la "culpa" se relaciona con la imprudencia, impericia, negligencia. Un accidente de tránsito que termina con muertos o lesionados es el 99 % de las veces un hecho culposo, porque nadie se ha propuesto matar o incapacitar al peatón que se le cruzare.
En el Código Penal siempre aparecen distinguidas estas situaciones y a las culpas se les atribuyen penas sensiblemente menores. Si no aparece previsto el delito a título de culpa, la falta de dolo (= intención) hace atípico el hecho y la causa se resuelve con absolución. [Como expresa el Código contravencional de la ciudad de Buenos Aires, art. 6º, "La forma culposa debe estar expresamente prevista en la Ley" (el código porteño aclara eso porque en contravencional las cosas suelen ser al revés: como dice el Cód. de faltas de la provincia de Buenos Aires, art. 21, "el obrar culposo es suficiente para la punibilidad de la falta") ]
Así, no existe, por ejemplo, el "daño" culposo como delito. La figura (romper algo, tipo penal del art. 183 C.P. que se refiere a todo daño a las cosas, o animales) sólo es dolosa. Si el conductor, por ejemplo, estrella su auto contra mi casa y tira una pared y me mata el perro, pero no hay ningún lesionado, no habrá causa penal.
No voy a ahondar aquí en una discusión algo sutil: la diferencia entre culpa con representación y dolo eventual. Sigo ejemplificando con casos de "accidentes de tránsito" (como hace Gustavo Letner en este PDF específico sobre el tema). Groseramente resumido: habrá "culpa con representación" si el sujeto, andando a alta velocidad, se prefigura la posibilidad de un resultado dañoso (= pisar a alguien) pero confía en que su pericia, el azar, o lo que sea, le permitirá esquivar a cualquiera que se crue y que nada de eso va a pasar. Habrá "dolo eventual" cuando el sujeto se represente ese resultado dañoso y su producción le resulte indiferente. Todo esto -que no figura en el código- es teoría que pende de un hilo, y se usa como una forma de aplicar el factor "dolo" a casos que en puridad son de culpa. Tema muy complicado y que excede el marco de este post.
Y ESTO ES ESTRAGO CULPOSO
Por el contrario, la "culpa" se relaciona con la imprudencia, impericia, negligencia. Un accidente de tránsito que termina con muertos o lesionados es el 99 % de las veces un hecho culposo, porque nadie se ha propuesto matar o incapacitar al peatón que se le cruzare.
En el Código Penal siempre aparecen distinguidas estas situaciones y a las culpas se les atribuyen penas sensiblemente menores. Si no aparece previsto el delito a título de culpa, la falta de dolo (= intención) hace atípico el hecho y la causa se resuelve con absolución. [Como expresa el Código contravencional de la ciudad de Buenos Aires, art. 6º, "La forma culposa debe estar expresamente prevista en la Ley" (el código porteño aclara eso porque en contravencional las cosas suelen ser al revés: como dice el Cód. de faltas de la provincia de Buenos Aires, art. 21, "el obrar culposo es suficiente para la punibilidad de la falta") ]
Así, no existe, por ejemplo, el "daño" culposo como delito. La figura (romper algo, tipo penal del art. 183 C.P. que se refiere a todo daño a las cosas, o animales) sólo es dolosa. Si el conductor, por ejemplo, estrella su auto contra mi casa y tira una pared y me mata el perro, pero no hay ningún lesionado, no habrá causa penal.
No voy a ahondar aquí en una discusión algo sutil: la diferencia entre culpa con representación y dolo eventual. Sigo ejemplificando con casos de "accidentes de tránsito" (como hace Gustavo Letner en este PDF específico sobre el tema). Groseramente resumido: habrá "culpa con representación" si el sujeto, andando a alta velocidad, se prefigura la posibilidad de un resultado dañoso (= pisar a alguien) pero confía en que su pericia, el azar, o lo que sea, le permitirá esquivar a cualquiera que se crue y que nada de eso va a pasar. Habrá "dolo eventual" cuando el sujeto se represente ese resultado dañoso y su producción le resulte indiferente. Todo esto -que no figura en el código- es teoría que pende de un hilo, y se usa como una forma de aplicar el factor "dolo" a casos que en puridad son de culpa. Tema muy complicado y que excede el marco de este post.
Y ESTO ES ESTRAGO CULPOSO
El centro del tema es cómo podemos probar el juicio de atribuibilidad, y para eso el "dolo" implica que alguien se propuso intencionadamente "causar el incendio". Esto incluso sería discutible si estuvieramos juzgando a los que prendieron el tres tiros, causa directa del incendio, cuanto más para el consorcio de organizadores, propietarios y músicos que fueron llevados a juicio por la cadena de responsabilidades que indirectamente contribuyeron a la producción del resultado dañoso.
En resumen, la calificación con la que se los llevó al juicio es muy forzada. Se trata, a todas luces, de un estrago culposo. Como decía en un comment a ECG, cuna de este post, no siendo en modo alguno un caso fortuito, hay (co)responsabilidad de ellos, pero a título de simple "culpa" (negligencia, irresponsabilidad o cabezatermismo). Lo cual pone a los jueces en una situación ingrata: hay que resolverlo por el art. 189, lo máximo que pueden hacer es darle cinco años de prisión, la falta de antecedentes lo debería reducir a cuatro, la sentencia sale así y arde troya.
(Es bueno aclarar que en este caso, las 196 muertes que surgen en un solo hecho no implican, desde luego, que los acusados estén imputados por 196 delitos distintos. Del mismo modo, si el conductor mata a dos personas, comete "un hecho" de homicidio, aunque los muertos sean dos).
En resumen, la calificación con la que se los llevó al juicio es muy forzada. Se trata, a todas luces, de un estrago culposo. Como decía en un comment a ECG, cuna de este post, no siendo en modo alguno un caso fortuito, hay (co)responsabilidad de ellos, pero a título de simple "culpa" (negligencia, irresponsabilidad o cabezatermismo). Lo cual pone a los jueces en una situación ingrata: hay que resolverlo por el art. 189, lo máximo que pueden hacer es darle cinco años de prisión, la falta de antecedentes lo debería reducir a cuatro, la sentencia sale así y arde troya.
(Es bueno aclarar que en este caso, las 196 muertes que surgen en un solo hecho no implican, desde luego, que los acusados estén imputados por 196 delitos distintos. Del mismo modo, si el conductor mata a dos personas, comete "un hecho" de homicidio, aunque los muertos sean dos).
Cromañón: Prisión para Callejeros y triunfo para Omar
La Justicia argentina resuelve que la ex banda oriunda de Villa Celina es culpable y reduce la condena del ex gerenciador del boliche.
Cromañón (30/12/2004) es el título de la tragedia por causas no naturales más grande de la Argentina. Tras el incendio, murieron 194 jóvenes y hubo más de 1.500 heridos.
Tuvieron que pasar 7 años de incertidumbre para saber los nombres y apellidos de los culpables.
Con la resolución dictada por La Sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal, fueron condenados por "incendio doloso seguido de muerte y cohecho activo", todos los miembros de la ex banda de rock Callejeros: su líder Patricio Fontanet, Christian Torrejón, Eduardo Vázquez -detenido por otra causa relacionada con la muerte de su novia-, Elio Delgado, Juan Alberto Carbone, Maximiliano Djerfy y el escenógrafo Daniel Cardell. La carátula de la causa indica que podrían ser condenados a 11 años de prisión.
A su vez, el ex gerenciador de Cromañón, Omar Chabán, recibió una reducción en su condena y será imputado por la misma causa que el grupo. En 2009, le habían dictado 20 años de prisión, pero el cambio de calificación supone una reducción de casi 9 años
Tuvieron que pasar 7 años de incertidumbre para saber los nombres y apellidos de los culpables.
Con la resolución dictada por La Sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal, fueron condenados por "incendio doloso seguido de muerte y cohecho activo", todos los miembros de la ex banda de rock Callejeros: su líder Patricio Fontanet, Christian Torrejón, Eduardo Vázquez -detenido por otra causa relacionada con la muerte de su novia-, Elio Delgado, Juan Alberto Carbone, Maximiliano Djerfy y el escenógrafo Daniel Cardell. La carátula de la causa indica que podrían ser condenados a 11 años de prisión.
A su vez, el ex gerenciador de Cromañón, Omar Chabán, recibió una reducción en su condena y será imputado por la misma causa que el grupo. En 2009, le habían dictado 20 años de prisión, pero el cambio de calificación supone una reducción de casi 9 años
martes, 25 de octubre de 2011
Finalizó histórico caso de la discoteca de Cromañón
El empresario encargado del lugar, donde murieron 194 personas, fue condenado en Argentina a 20 años de prisión.
La justicia argentina condenó este miércoles a 20 años de prisión al empresario Omar Chabán, encargado del club nocturno República Cromagnon, donde un voraz incendio en el 2004 provocó la muerte de 194 personas, en una de las mayores tragedias en la historia del país.
El tribunal que juzgó el caso absolvió a los miembros de la banda de rock Callejeros, que tocaba en Cromagnon en la noche del incendio, lo que desató corridas y disturbios dentro y fuera de la corte y también la indignación de familiares de víctimas causadas por el siniestro.
“Estoy defraudado con el fallo. Es un fallo muy polémico que dejó afuera a casi todos los responsables, incluyendo al comisario y a los músicos” dijo a Reuters Diego Rozengardt, quien perdió a su hermano en el incendio. Pero “es importante la condena sobre (Omar) Chabán”, el encargado de Cromagnon, agregó.
Familiares de las víctimas, indignados por la absolución a Callejeros, prometieron que harán justicia por mano propia para vengar la muerte de sus seres queridos. Uno de los querellantes indicó que el fallo sería apelado. El incendio, que se produjo el 30 de diciembre del 2004 durante un recital luego de que fuegos artificiales y bengalas lanzados por el público encendieron parte del techo del local, hizo que jóvenes seguidores de la banda murieran por asfixia.
El caso se convirtió en un emblema de la corrupción y la desidia del país, ya que el local no contaba con las medidas de seguridad adecuadas. El escaso o directamente nulo cumplimiento de normas de seguridad e inspecciones viciadas desencadenaron un proceso de destitución contra el entonces alcalde de Buenos Aires, Aníbal Ibarra, que debió dejar su cargo en el 2006. El Tribunal Oral 24 también condenó a la cárcel a funcionarios públicos por cohecho y a colaboradores de Chabán. El encargado de Cromagnon fue sentenciado por “incendio doloso calificado (...) en concurso real con el delito de cohecho activo”.
El veredicto fue leído detrás de un vidrio blindado. Pese a las condenas, los acusados seguirán en libertad hasta que la sentencia sea confirmada por un tribunal superior. Familiares de las víctimas pasaron la noche a la puerta del tribunal, en una vigilia en la que pidieron fuertes condenas para los imputados, aunque muchos seguidores de Callejeros, a cuyos miembros se acusó de haber incentivado el uso de fuegos artificiales, defendieron a la banda. “A los pibes (muchachos) los mató la corrupción”, cantaban antes del fallo los fanáticos del conjunto apostados frente a la sede del tribunal. Otros simpatizantes de Callejeros que habían logrado ingresar a la sala festejaron a viva voz la absolución del grupo ante enardecidos familiares de las víctimas.
“Esto fue una provocación”, dijo la madre de uno de los jóvenes muertos en Cromagnon. Debido a que el juicio generó fuertes controversias y algunos actos de violencia en los últimos años, los asistentes a la sala de audiencias debieron superar un detector de metales y fueron palpados de armas para la lectura del fallo. Pero el operativo de seguridad no pudo evitar los golpes y las corridas en las calles linderas del palacio de justicia. Luego de darse a conocer la sentencia, decenas de jóvenes arrojaron proyectiles contra la policía.
Tragedia en el boliche de Cromañón
¿Cómo fue la cobertura hospitalaria?
Desde el punto de vista del recuso humano ha sido excelente. Queda demostrado una vez más, el alcance de la capacidad operativa del sistema y, además, la riqueza del recuso humano de nuestros hospitales. Tanto la calidad técnica, médica y humana de los profesionales, porque hubo infinidad de médicos que se acercaron a colaborar sin estar ese día en el hospital o de guardia.
Nosotros no vamos a hablar de cuestiones puntualmente referidas a insumos o tecnologías, ya que todo el mundo conoce -a través de nuestra posición gremial-, las dificultades que tienen hoy los hospitales públicos, respecto a nombramientos, actualización de tecnología y, más de una vez, a la presencia de un insumo en su momento justo, que es el momento que lo requiere el paciente.
No vamos a hablar sobre ninguno de estos aspectos en relación al caso del boliche República Cromañón, dado que lo venimos diciendo siempre. Pero quiero dejar en claro una cosa que es fundamental: este hospital público es el hospital que defendimos durante todo el año 2004 y siempre lo hemos hecho.
¿En qué sentido?
En el sentido de la defensa del paciente, usando la palabra paciente y no cliente, con todo lo que connota cada uno de los términos. En el sentido de la defensa del director médico, del jefe de servicio, del médico, de la formación científica, profesional y médica que tienen los hospitales, y no de la formación del gerenciamiento, como plantean algunos.
Esos mismos que hablan de costo y beneficio, desde un punto de vista economicista, son los que hoy se llenan la boca elogiando a este modelo de hospital público, que el único beneficio que tiene que otorgar, es el de la salud de los pacientes.
Una vez más, tenemos el pleno convencimiento de la defensa no sólo de las condiciones laborales del médico, sino del modelo de hospital que queremos.
¿Cuál es ese modelo?
Si bien es un modelo de hospital que tiene falencias, que hay que mejorarlo, administrativamente se lo debe mejorar, estamos convencidos -y esto lo queremos recalcar-, que si no fuere este el funcionamiento del hospital, y fuera aquel del gerenciamiento, propuesto por la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que planteaba que el hospital público debía estar atento a las oportunidades del mercado, no se hubiera llevado adelante la difícil tarea de contener a los pacientes y a los familiares de las víctimas, actuando con rapidez para salvar cientos de vidas humanas en la mayor catástrofe que soportó la ciudad de Buenos Aires.
Por ejemplo, cuando la Secretaría de Salud planteó los concursos a directores de hospital, y nosotros luchamos por modificar esos decretos, estábamos convencidos que debían cambiarse y se volvió a nuestra carrera. Lo que se discutía ahí no era si se llamaba a un concurso, lo que se discutía eran dos modelos de hospital público. Este, que todo el mundo elogia, hasta el actual Secretario de Salud que pretendió cambiarlo, este es el modelo que defendemos frente al modelo del gerenciamiento. El hospital que actuó en las catástrofes de LAPA, de la AMIA y de la Embajada de Israel, entre otras, es el que está trabajando por el caso Cromañón, es el hospital que defendemos, que es el único capaz de responder sin pedir otra cosa que simplemente, reforzar su recurso humano y contar con los elementos para seguir brindando una atención de la salud como es capaz de brindar.
¿El sistema hospitalario necesitó apoyo de algún tipo?
El sistema funcionó a pleno y el apoyo que se pidió fue en derivaciones, que algunas eran solicitadas por los mismos pacientes y otras se hacían desde el sistema, en algunos puntos que se nos hacían cuellos de botella.
Otro pedido que realizamos desde la AMM, ese mismo día, fue que esa noche la del 31 de diciembre, hubiera moderación en los festejos. Por qué. Porque si bien la moderación iba a suceder, dado que había un gran dolor en cada uno de nosotros, lo pedíamos porque algunos hospitales tenían cuellos de botella. Por ejemplo, el Hospital de Quemados, tenía la sala de terapia intensiva a full y los respiradores todos ocupados, tal es así que hubo que derivar, por déficit de respiradores en ese momento, a otros hospitales. Esto es normal, en la red tiene que suceder esto, lo que no podía tolerar el sistema era que lleguen más heridos o quemados graves. Por este motivo, salimos a pedirle, a rogarle a la población mesura, para que no haya dificultades en la atención en aquellos lugares que aparecían abarrotados, como podían ser las salas de terapia intensiva.
La población fue muy solidaria, las Organizaciones No Gubernamentales también, dado que se plegaron a este pedido de prudencia. En definitiva, la noche del 31 de diciembre se atendieron en el Hospital de Quemados sólo 5 heridos, cuando en navidad se habían atendido 56.
Hubo un aporte solidario, realmente importante para entender muy bien lo que estaba pasando. Cuando estábamos el 31 en los hospitales, la gente se acercaba a prestar su colaboración, como también tengo que decir que hubo una gran contención social hacia los pacientes y los familiares de las víctimas, incluso de personas que se venían a ofrecer sin estar vinculadas directamente al hecho, sólo por solidaridad.
¿Se imagina qué hubiera sucedido si la cobertura se hubiera realizado con un modelo de hospital gerenciado?
Un modelo que habla de gerenciar los hospitales, que no le preocupa que los hospitales tengan un nivel prioritariamente científico y médico, que llama clientes a los pacientes, me preocupa y mucho. No sólo tengo dudas, estoy absolutamente seguro, que ese modelo que piensa en el costo - beneficio económico de la salud, no puede responde ante una catástrofe como la ocurrida en Cromañón. No puede responder jamás ante un modelo solidario, equitativo, de libre accesibilidad y oportunidad del acceso, como es el que defendemos y que funciona actualmente. Un modelo basado en el gerenciamiento, no tiene en cuenta las anteriores características; jamás podría funcionar con la entrega y la solidaridad con que se trabajó.
¿Cuál es la evaluación que hacen de la cobertura?
La evaluación general es muy buena, dado que la atención así lo fue. Quedan muy pocos internados que evolucionan favorablemente.
El sistema médico respondió muy bien, el SAME lo hizo de igual forma, la contención psíquica de los pacientes en los hospitales públicos fue muy buena. Por estos motivos, nos sentimos orgullosos de representar y de ser Médicos Municipales. Hoy, después de la tragedia de Cromañón, compartimos el dolor inmenso de los familiares de las víctimas y sentimos un profundo orgullo y respeto por representar a estos médicos.
¿Qué puntos considera que se podrían mejorar?
No podemos seguir luchando para que se realice un concurso y que a ese profesional se lo nombre al año. Hay puntos flojos dentro del sistema respecto al recuso humano. Los insumos tienen que estar en tiempo y forma, la tecnología hay que actualizarla y hay que darle dinámica al sistema en red. Las redes hospitalarias funcionaron, pero actuó mucho el compañerismo, el contacto con conocidos, la mano solidaria, etc. La red del sistema debe estar más aceitada. También los hospitales tienen que tener mejores condiciones laborales para los médicos y los profesionales de la salud, es decir, se deben cumplir los reclamos que venimos haciendo desde hace mucho tiempo y hoy queda demostrado que son justos y reales.
¿La falta de controles en lugares públicos afecta directa o indirectamente al sistema de salud?
La muerte siempre duele, la muerte joven duele el doble y la muerte joven que pudo haber sido evitada duele tres veces. Ha llegado el momento de que tomemos conciencia de cuánto de esto está afectando al sistema de salud, que es parte de la sociedad, y hoy estamos hablando de la mayor catástrofe de Argentina. Por lo tanto, tenemos que ir hasta el fondo de esta cuestión, quienes tengan responsabilidades que se hagan cargo de la misma y de aquí en más entender que así, la sociedad está enferma y debemos mejorarla y superarnos. Son 192 vidas perdidas y cada una de ellas tiene una connotación muy fuerte. Cromañón nos duele y este dolor nos tiene que enseñar.
¿Qué opina del caso Cromañón?
Como argentino me cuesta entender que hayamos llegado a este día. Acá hay responsabilidades de todo tipo y se debe ir hasta el fondo de la cuestión. La única forma para entender que tenemos un futuro mejor, sin quitarnos este dolor inmenso, es que se establezcan cuales han sido las responsabilidades de cada uno.
Este caso tiene que ser un punto de inflexión, debe ser un antes y un después. El caso de Cromañón es la manifestación de distintas desidias. Pensemos hacia delante, apoyándonos en el dolor de lo que ha quedado, si volvemos a repetir otro Cromañón, es que como sociedad hemos fracasado.
Desde el punto de vista del recuso humano ha sido excelente. Queda demostrado una vez más, el alcance de la capacidad operativa del sistema y, además, la riqueza del recuso humano de nuestros hospitales. Tanto la calidad técnica, médica y humana de los profesionales, porque hubo infinidad de médicos que se acercaron a colaborar sin estar ese día en el hospital o de guardia.
Nosotros no vamos a hablar de cuestiones puntualmente referidas a insumos o tecnologías, ya que todo el mundo conoce -a través de nuestra posición gremial-, las dificultades que tienen hoy los hospitales públicos, respecto a nombramientos, actualización de tecnología y, más de una vez, a la presencia de un insumo en su momento justo, que es el momento que lo requiere el paciente.
No vamos a hablar sobre ninguno de estos aspectos en relación al caso del boliche República Cromañón, dado que lo venimos diciendo siempre. Pero quiero dejar en claro una cosa que es fundamental: este hospital público es el hospital que defendimos durante todo el año 2004 y siempre lo hemos hecho.
¿En qué sentido?
En el sentido de la defensa del paciente, usando la palabra paciente y no cliente, con todo lo que connota cada uno de los términos. En el sentido de la defensa del director médico, del jefe de servicio, del médico, de la formación científica, profesional y médica que tienen los hospitales, y no de la formación del gerenciamiento, como plantean algunos.
Esos mismos que hablan de costo y beneficio, desde un punto de vista economicista, son los que hoy se llenan la boca elogiando a este modelo de hospital público, que el único beneficio que tiene que otorgar, es el de la salud de los pacientes.
Una vez más, tenemos el pleno convencimiento de la defensa no sólo de las condiciones laborales del médico, sino del modelo de hospital que queremos.
¿Cuál es ese modelo?
Si bien es un modelo de hospital que tiene falencias, que hay que mejorarlo, administrativamente se lo debe mejorar, estamos convencidos -y esto lo queremos recalcar-, que si no fuere este el funcionamiento del hospital, y fuera aquel del gerenciamiento, propuesto por la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que planteaba que el hospital público debía estar atento a las oportunidades del mercado, no se hubiera llevado adelante la difícil tarea de contener a los pacientes y a los familiares de las víctimas, actuando con rapidez para salvar cientos de vidas humanas en la mayor catástrofe que soportó la ciudad de Buenos Aires.
Por ejemplo, cuando la Secretaría de Salud planteó los concursos a directores de hospital, y nosotros luchamos por modificar esos decretos, estábamos convencidos que debían cambiarse y se volvió a nuestra carrera. Lo que se discutía ahí no era si se llamaba a un concurso, lo que se discutía eran dos modelos de hospital público. Este, que todo el mundo elogia, hasta el actual Secretario de Salud que pretendió cambiarlo, este es el modelo que defendemos frente al modelo del gerenciamiento. El hospital que actuó en las catástrofes de LAPA, de la AMIA y de la Embajada de Israel, entre otras, es el que está trabajando por el caso Cromañón, es el hospital que defendemos, que es el único capaz de responder sin pedir otra cosa que simplemente, reforzar su recurso humano y contar con los elementos para seguir brindando una atención de la salud como es capaz de brindar.
¿El sistema hospitalario necesitó apoyo de algún tipo?
El sistema funcionó a pleno y el apoyo que se pidió fue en derivaciones, que algunas eran solicitadas por los mismos pacientes y otras se hacían desde el sistema, en algunos puntos que se nos hacían cuellos de botella.
Otro pedido que realizamos desde la AMM, ese mismo día, fue que esa noche la del 31 de diciembre, hubiera moderación en los festejos. Por qué. Porque si bien la moderación iba a suceder, dado que había un gran dolor en cada uno de nosotros, lo pedíamos porque algunos hospitales tenían cuellos de botella. Por ejemplo, el Hospital de Quemados, tenía la sala de terapia intensiva a full y los respiradores todos ocupados, tal es así que hubo que derivar, por déficit de respiradores en ese momento, a otros hospitales. Esto es normal, en la red tiene que suceder esto, lo que no podía tolerar el sistema era que lleguen más heridos o quemados graves. Por este motivo, salimos a pedirle, a rogarle a la población mesura, para que no haya dificultades en la atención en aquellos lugares que aparecían abarrotados, como podían ser las salas de terapia intensiva.
La población fue muy solidaria, las Organizaciones No Gubernamentales también, dado que se plegaron a este pedido de prudencia. En definitiva, la noche del 31 de diciembre se atendieron en el Hospital de Quemados sólo 5 heridos, cuando en navidad se habían atendido 56.
Hubo un aporte solidario, realmente importante para entender muy bien lo que estaba pasando. Cuando estábamos el 31 en los hospitales, la gente se acercaba a prestar su colaboración, como también tengo que decir que hubo una gran contención social hacia los pacientes y los familiares de las víctimas, incluso de personas que se venían a ofrecer sin estar vinculadas directamente al hecho, sólo por solidaridad.
¿Se imagina qué hubiera sucedido si la cobertura se hubiera realizado con un modelo de hospital gerenciado?
Un modelo que habla de gerenciar los hospitales, que no le preocupa que los hospitales tengan un nivel prioritariamente científico y médico, que llama clientes a los pacientes, me preocupa y mucho. No sólo tengo dudas, estoy absolutamente seguro, que ese modelo que piensa en el costo - beneficio económico de la salud, no puede responde ante una catástrofe como la ocurrida en Cromañón. No puede responder jamás ante un modelo solidario, equitativo, de libre accesibilidad y oportunidad del acceso, como es el que defendemos y que funciona actualmente. Un modelo basado en el gerenciamiento, no tiene en cuenta las anteriores características; jamás podría funcionar con la entrega y la solidaridad con que se trabajó.
¿Cuál es la evaluación que hacen de la cobertura?
La evaluación general es muy buena, dado que la atención así lo fue. Quedan muy pocos internados que evolucionan favorablemente.
El sistema médico respondió muy bien, el SAME lo hizo de igual forma, la contención psíquica de los pacientes en los hospitales públicos fue muy buena. Por estos motivos, nos sentimos orgullosos de representar y de ser Médicos Municipales. Hoy, después de la tragedia de Cromañón, compartimos el dolor inmenso de los familiares de las víctimas y sentimos un profundo orgullo y respeto por representar a estos médicos.
¿Qué puntos considera que se podrían mejorar?
No podemos seguir luchando para que se realice un concurso y que a ese profesional se lo nombre al año. Hay puntos flojos dentro del sistema respecto al recuso humano. Los insumos tienen que estar en tiempo y forma, la tecnología hay que actualizarla y hay que darle dinámica al sistema en red. Las redes hospitalarias funcionaron, pero actuó mucho el compañerismo, el contacto con conocidos, la mano solidaria, etc. La red del sistema debe estar más aceitada. También los hospitales tienen que tener mejores condiciones laborales para los médicos y los profesionales de la salud, es decir, se deben cumplir los reclamos que venimos haciendo desde hace mucho tiempo y hoy queda demostrado que son justos y reales.
¿La falta de controles en lugares públicos afecta directa o indirectamente al sistema de salud?
La muerte siempre duele, la muerte joven duele el doble y la muerte joven que pudo haber sido evitada duele tres veces. Ha llegado el momento de que tomemos conciencia de cuánto de esto está afectando al sistema de salud, que es parte de la sociedad, y hoy estamos hablando de la mayor catástrofe de Argentina. Por lo tanto, tenemos que ir hasta el fondo de esta cuestión, quienes tengan responsabilidades que se hagan cargo de la misma y de aquí en más entender que así, la sociedad está enferma y debemos mejorarla y superarnos. Son 192 vidas perdidas y cada una de ellas tiene una connotación muy fuerte. Cromañón nos duele y este dolor nos tiene que enseñar.
¿Qué opina del caso Cromañón?
Como argentino me cuesta entender que hayamos llegado a este día. Acá hay responsabilidades de todo tipo y se debe ir hasta el fondo de la cuestión. La única forma para entender que tenemos un futuro mejor, sin quitarnos este dolor inmenso, es que se establezcan cuales han sido las responsabilidades de cada uno.
Este caso tiene que ser un punto de inflexión, debe ser un antes y un después. El caso de Cromañón es la manifestación de distintas desidias. Pensemos hacia delante, apoyándonos en el dolor de lo que ha quedado, si volvemos a repetir otro Cromañón, es que como sociedad hemos fracasado.
Cromañón, Folclore y Rock and Roll
Quienes no estamos familiarizados con la normativa penal, respecto de juicios y condenas no podemos sino pronunciarnos, en el mejor de los casos, desde una muy sesgada racionalidad, cuando no desde la emotividad más inocultable. No obstante, son muchas las voces elocuentemente desautorizadas que, en especial desde el medio televisivo y a propósito del ‘caso Cromañón’, por estas horas ponderan cuán atinada o desatinada resulta tal condena a determinado imputado, qué tan justa o injusta se presenta tal absolución.
En este sentido, esta nota no se inscribe dentro de la hoy muy extendida modalidad de juzgar el juicio. Más bien intenta repensar la indiscutible afirmación de que es, ante todo, el Estado quien debe proteger a los ciudadanos. Desde luego, difícil es no suscribir a tan republicano precepto. Sin embargo, quien haya tenido el hábito siquiera intermitente de concurrir a recitales en esta región del mundo, bien puede permitirse cuestionar el efectivo alcance de esa premisa.
Porque en un local nocturno de la Argentina en el que toca en vivo una banda de rock, si ya hubo un empresario que infringió la ley, y ya hubo inspectores y policías que aceptaron sobornos, y ya hubo en consecuencia un mal desempeño institucional, y son las cuatro de la mañana y yo estoy ahí adentro, integrando un público exaltado y excedido en número y toxinas, el Estado ya no está para cuidarme. ¿No supo, no pudo, no quiso? Como sea: no está.
Me consta que a muchos concurrentes a recitales desde fines de los 80 y durante los 90 los habita la sensación de que una tragedia de estas características bien pudo haber ocurrido antes, en otros conciertos. Pero, ¿por qué no ocurrió? ¿Tan sólo por azar? Tiendo a creer que no.
El poder que, sobre las conductas de su público, detenta desde un escenario el líder de una banda de rock es un fenómeno altamente sugestivo, por cierto que inquietante, al cual la psicología de masas ha destinado frondosa bibliografía. Sobrecoge advertir, de hecho, el modo en que un nutrido conglomerado de individuos (no sólo en un recital) puede ser manipulado según la voluntad discrecional de una única persona.
Pues bien: en decenas de ocasiones pude presenciar cómo, desde ese lugar ‘todopoderoso’, ante una eventual situación de riesgo evitable durante un espectáculo, el sagaz discernimiento de personalidades despejadas como Carlos Solari o Ricardo Mollo (por poner dos casos) siempre privilegió, aun por sobre la calidad o incluso la mera continuidad del show que estaban ofreciendo sus bandas, la vocación indeclinable de desalentar conductas que pudieran ocasionar daños físicos. Recurrentemente he visto la aplicación de ese principio, y de modo inapelable: si es necesario, se interrumpe el tema que se está tocando; si con eso no alcanza, se termina el show en ese preciso momento, y nos vamos todos a casa. El cantante recrimina desde el escenario el proceder de los que protagonizan abajo una escena de pugilato sostenida, de los que encienden pirotecnia en un lugar cerrado, del espectador confundido que, sediento de protagonismo, se sube a una columna de sonido. Y el resto de la concurrencia, siempre (pero siempre) se pliega para honrar esa recriminación.
Asistimos, en esos casos, a cierto uso provechoso de ese poder más bien irracional que otorga el carácter de ícono, aplicado en uno de los muchos contextos sociales en los que hay que resolver sobre la marcha lo que el Estado no supo, no quiso, no pudo resolver con antelación.
Abismal es la distancia que media entre aquella conciencia de lo que uno genera (y del modo en que esto puede degenerar) y la archi-probada promoción del uso de bengalas que, según han enfatizado una y otra vez los integrantes y seguidores de Callejeros, era una práctica tradicional, parte del “folclore” del rock.
En este sentido, esta nota no se inscribe dentro de la hoy muy extendida modalidad de juzgar el juicio. Más bien intenta repensar la indiscutible afirmación de que es, ante todo, el Estado quien debe proteger a los ciudadanos. Desde luego, difícil es no suscribir a tan republicano precepto. Sin embargo, quien haya tenido el hábito siquiera intermitente de concurrir a recitales en esta región del mundo, bien puede permitirse cuestionar el efectivo alcance de esa premisa.
Porque en un local nocturno de la Argentina en el que toca en vivo una banda de rock, si ya hubo un empresario que infringió la ley, y ya hubo inspectores y policías que aceptaron sobornos, y ya hubo en consecuencia un mal desempeño institucional, y son las cuatro de la mañana y yo estoy ahí adentro, integrando un público exaltado y excedido en número y toxinas, el Estado ya no está para cuidarme. ¿No supo, no pudo, no quiso? Como sea: no está.
Me consta que a muchos concurrentes a recitales desde fines de los 80 y durante los 90 los habita la sensación de que una tragedia de estas características bien pudo haber ocurrido antes, en otros conciertos. Pero, ¿por qué no ocurrió? ¿Tan sólo por azar? Tiendo a creer que no.
El poder que, sobre las conductas de su público, detenta desde un escenario el líder de una banda de rock es un fenómeno altamente sugestivo, por cierto que inquietante, al cual la psicología de masas ha destinado frondosa bibliografía. Sobrecoge advertir, de hecho, el modo en que un nutrido conglomerado de individuos (no sólo en un recital) puede ser manipulado según la voluntad discrecional de una única persona.
Pues bien: en decenas de ocasiones pude presenciar cómo, desde ese lugar ‘todopoderoso’, ante una eventual situación de riesgo evitable durante un espectáculo, el sagaz discernimiento de personalidades despejadas como Carlos Solari o Ricardo Mollo (por poner dos casos) siempre privilegió, aun por sobre la calidad o incluso la mera continuidad del show que estaban ofreciendo sus bandas, la vocación indeclinable de desalentar conductas que pudieran ocasionar daños físicos. Recurrentemente he visto la aplicación de ese principio, y de modo inapelable: si es necesario, se interrumpe el tema que se está tocando; si con eso no alcanza, se termina el show en ese preciso momento, y nos vamos todos a casa. El cantante recrimina desde el escenario el proceder de los que protagonizan abajo una escena de pugilato sostenida, de los que encienden pirotecnia en un lugar cerrado, del espectador confundido que, sediento de protagonismo, se sube a una columna de sonido. Y el resto de la concurrencia, siempre (pero siempre) se pliega para honrar esa recriminación.
Asistimos, en esos casos, a cierto uso provechoso de ese poder más bien irracional que otorga el carácter de ícono, aplicado en uno de los muchos contextos sociales en los que hay que resolver sobre la marcha lo que el Estado no supo, no quiso, no pudo resolver con antelación.
Abismal es la distancia que media entre aquella conciencia de lo que uno genera (y del modo en que esto puede degenerar) y la archi-probada promoción del uso de bengalas que, según han enfatizado una y otra vez los integrantes y seguidores de Callejeros, era una práctica tradicional, parte del “folclore” del rock.
Rechazan recusación de Callejeros
La Cámara Nacional de Casación Penal confirmó a dos jueces de ese tribunal para que sigan interviniendo en la causa por la tragedia de República Cromañón, tras rechazar un planteo tendiente a que fueran apartados, presentado por la defensa del grupo Callejeros.
Los camaristas Eduardo Riggi y Liliana Catucci habían sido recusados por la defensa de los músicos a cargo del abogado Martín Gutiérrez, y por la defensa de los exfuncionarios del Gobierno porteño acusados por el incendio en el local de Once.
La entonces camarista Angela Ledesma también había sido recusada, pero la cuestión quedó abstracta ya que se fue de la Sala III del Tribunal y ahora es la presidenta de la Cámara de Casación.
El camarista Riggi había sido recusado por supuesto prejuzgamiento, ya que ya emitió opinión al tratar en abril de este año el recurso de apelación de las partes contra el Tribunal Oral Criminal N§ 24.
Una sala, integrada por los jueces Gustavo Mitchell, Guillermo Yacobucci y Mariano González Palazzo, resolvió rechazar las recusaciones planteadas y confirmar a ambos jueces al frente de la causa.
“La intervención de los magistrados recusados lo fue en tiempo oportuno sin excederse del objeto procesal que debían juzgar, razón por la cual, no advirtiéndose causal legal que justifique su apartamiento, habrán de rechazarse las recusaciones”, dijeron los jueces.
En mayo de este año, el TOC24 reacondicionó las penas luego de que el caso fuese catalogado culposo y condenó al exgerenciador Omar Chabán a ocho años de prisión.
Los camaristas Eduardo Riggi y Liliana Catucci habían sido recusados por la defensa de los músicos a cargo del abogado Martín Gutiérrez, y por la defensa de los exfuncionarios del Gobierno porteño acusados por el incendio en el local de Once.
La entonces camarista Angela Ledesma también había sido recusada, pero la cuestión quedó abstracta ya que se fue de la Sala III del Tribunal y ahora es la presidenta de la Cámara de Casación.
El camarista Riggi había sido recusado por supuesto prejuzgamiento, ya que ya emitió opinión al tratar en abril de este año el recurso de apelación de las partes contra el Tribunal Oral Criminal N§ 24.
Una sala, integrada por los jueces Gustavo Mitchell, Guillermo Yacobucci y Mariano González Palazzo, resolvió rechazar las recusaciones planteadas y confirmar a ambos jueces al frente de la causa.
“La intervención de los magistrados recusados lo fue en tiempo oportuno sin excederse del objeto procesal que debían juzgar, razón por la cual, no advirtiéndose causal legal que justifique su apartamiento, habrán de rechazarse las recusaciones”, dijeron los jueces.
En mayo de este año, el TOC24 reacondicionó las penas luego de que el caso fuese catalogado culposo y condenó al exgerenciador Omar Chabán a ocho años de prisión.
Cromañon: ante la impunidad, unidad
No sabemos si los jueces pensaban que el fallo en el juicio medíatico de Cromañon (hay dos mas en marcha, silenciados por los medios) iba a frenar el reclamo, y propiciar el olvido.
Si sabemos, en cambio, que sin vergüenza alguna traicionaron y se burlaron de la sangre derramada y de las vidas truncas, siendo este un nuevo motivo para continuar exigiendo justicia.
Reproducimos el documento de los 57 meses de articulación de grupos de familiares y amigos de las victimas de crómañon, realizado por sobrevivientes.
¿Cuanto duro? ¿10 minutos?. Quizás fueron 15. Un año de juicio y 15 minutos de sentencia. El camión hidrante ya estaba sobre nosotros, así en 15 minutos, como si todo estuviera preparado de antemano. Angustia, bronca, resentimiento. La justicia ya se había declarado injusta. El camión hidrante ya estaba sobre nosotros, así como también la infantería, de reojo se nos podía ver teñidos de azul, la sensación nuevamente de la muerte cercana, así como el 30 de diciembre del 2004 estábamos teñidos de negro y de muerte, muerte representada por un sistema, el mismo que esta vez nos teñía de azul.Si sabemos, en cambio, que sin vergüenza alguna traicionaron y se burlaron de la sangre derramada y de las vidas truncas, siendo este un nuevo motivo para continuar exigiendo justicia.
Reproducimos el documento de los 57 meses de articulación de grupos de familiares y amigos de las victimas de crómañon, realizado por sobrevivientes.
El trabajo de los jueces fue impecable. Durante todo el proceso se mostraron como gente sensible, de fiar, que estaban comprometidos con la causa y generaban una especie de confianza hacia un movimiento que busca desesperadamente justicia. Durante todo el proceso los jueces escucharon junto a los padres como fue que sucedió Cromañón, como fue que murieron los 200 chicos. Fue impecable el trabajo de los jueces. Porque el rol del poder judicial es de mantener todo igual, o cambiar pequeñas cosas, que permitan que nada cambie.
Así es como la impunidad parece justa luego de la sentencia de un juicio. Así es como los amigos del poder legitiman que Cromañón siga sucediendo.
Desde un principio el movimiento denunció que Ibarra es el principal responsable político de la masacre, desde un principio la sociedad también lo denunció, sin embargo la justicia no lo citó siquiera a declarar.
Los funcionarios corruptos fueron puestos a dedo por el ex jefe de gobierno, el dinero de la caja chica era manejado por ex jefe de gobierno, quien no respeto la constitución fue el ex jefe de gobierno, quien no atendió mas de 10 alertas sobre el estado de los boliches fue el ex jefe de gobierno, el que no se puso a la cabeza del comando operativo de emergencia fue el ex jefe de gobierno. Sin embargo para la justicia Ibarra no tiene nada que decir.
Denunciamos el accionar de los jueces y la justicia por no considerar como garantes a funcionarios públicos.
Denunciamos que dichos funcionarios tenían el poder de policía, así que son garantes.
Denunciamos que dichos funcionarios tenían culpabilidades de estrago doloso y culposo según el caso.
Denunciamos que esta maniobra beneficio a funcionarios públicos que fueron solamente acusados de incumplimiento de sus deberes.
Denunciamos que un robo a propiedad privada tiene como condena, si es que no muere nadie en el echo, penas de 20 años y que 200 muertos en Cromañón, en donde la mala administración, la corrupción y la codicia de funcionarios fueron los causantes de la cámara de gas, solo reciban la irrisoria condena de 2 años para algunos y nada para otros.
La justicia garantiza la entrada de empresas off-Shore, sociedades con sede en el exterior y pantalla para lavar dinero, la ley prohíbe procesar a los dueños e impide averiguar quienes son.
Así es como el lucro por sobre al vida es legal, impunidad de por medio.
Históricamente septiembre es el mes de los jóvenes, estudiantes, soñadores, luchadores. Es el mes en el que se recuerda a los chicos desaparecidos en lo que se llamó la noche de los lápices.
Del 16 al 19 de septiembre de 1976 se llevaron a cabo operativos contra el movimiento estudiantil, Francisco Muntaner, María Claudia Falcone, Claudio de Acha, Horacio Ángel Ungaro, Daniel Alberto Racero, María Clara Ciocchini, Pablo Díaz, Patricia Miranda, Emilce Molier y Gustavo Caloti, fueron secuestrados de sus casas y brutalmente torturados y hasta el día de hoy la mayoría siguen desaparecidos, jóvenes que peleaban por un mundo mejor.
Los torturaron cuando recién ingresaban en la adolescencia, conociendo el horror infinito de un tiempo de desprecio.
Así como la dictadura asesinaba en la tortura, en los vuelos de la muerte, en la desaparición, hoy el sistema que salió beneficiado con la dictadura, asesina en la cámara de gas que es en lo que se convirtió Cromañón. Asesina en la exclusión, en la persecución, en el gatillo fácil, o nuevamente en la desaparición como la de julio López y Luciano Arruga.
Tanta muerte evitable, tanta vida arruinada, por el lucro de unos pocos, tanta injusticia para las victimas.
Pero no nos han derrotado, cada golpe recibido en vez de voltearnos, nos hace más fuerte y más aguerridos.
Les gritamos a los jueces y políticos: ¡las heridas de una sociedad no se curan con impunidad!
Hoy vemos la realidad de otra manera, hay quienes ven la realidad tal cual es y se preguntan ¿por que? Hoy nos imaginamos la realidad como nunca ha sido y nos preguntamos ¿por que no?
Hacia ese camino vamos, es la mejor enseñanza que nos dió este proceso, saber que el horizonte se acerca cada vez que caminamos.
Sentimos indignación cuando vemos al gobierno k, que se jacta de ser defensor de los derechos humanos, jamás interesarse ni dar opinión sobre lo ocurrido en Cromañón, al contrario siempre trataron de desvincularse o tapar el tema.
Este gobierno que se dice defensor de los derechos humanos, no duda en militarizar provincias, como santa cruz por el conflicto petrolero, no dudaron en militarizar el hospital Francés, el Garrahan, el subte y el último caso, la planta de Terrabusi, reprimiendo a familias enteras que defendían un puesto de trabajo, lo que no significa otra cosa que un plato de comida. Denunciamos que el abandono y la falta de trabajo, es un Cromañón más.
Hoy a 57 meses decimos a toda la sociedad que no nos han derrotado, que no abandonaremos este camino de lucha manteniendo la unidad y nuestra presencia en la movilización, que el camino hacia la justicia no se encuentra ni en los jueces ni en tribunales.
Porque a 57 meses decimos que todos somos sobrevivientes.
Porque a 57 meses decimos que aún estamos aquí.
"La mayor falencia de este juicio es que el Estado no está siendo juzgado"
ANRed: En el caso Cromañón, ¿son todos igualmente culpables o hay grados de culpabilidad?
Gustavo Sanz Cerbino: Depende desde donde lo tomes. Hay por un lado ciertos culpables para la justicia, que ha avanzado en tres líneas de culpabilidad claras: por un lado, Omar Chabán; por otro, el tema de la banda (ahí nosotros no compartimos el criterio de la justicia, no creemos que Callejeros sea culpable); y por otro lado, a avanzado a medias sobre los responsables del estado de controlar ese local. Y ahí creemos que Aníbal Ibarra, que ni siquiera fue llamado a declarar en la causa, y los funcionarios que controlaban esa área tienen más responsabilidades de las que la justicia les está asignando. Hay solamente 3 funcionarios acusados de "incumplimiento de los deberes de funcionario público" , que es una pena menor, excarcelable, que en el peor de los casos va a significar dos años de cárcel, y nosotros creemos que hay más responsables que los que están siendo juzgados, y que las penas deberían ser, como mínimo, como las de Chabán. Por otro lado, la otra línea sobre la que intentó avanzar la justicia, pero que no pudo lograr, fue la de juzgar a la persona que tiró la bengala que inició el incendio. Nosotros creemos y tratamos de demostrar en el libro que a esa persona no le cabe ninguna responsabilidad, y si la justicia no logró sentar en el banquillo a alguna víctima es porque no pudo avanzar en esa línea de investigación. Pero las pesquisas de la policía para buscar al chico ese han llegado hasta Chaco incluso; lo han buscado por todas partes. Ahí no hay ninguna responsabilidad: Callejeros y las personas que asistieron al recital son víctimas de un funcionamiento de la sociedad que se expresa en los empresarios y en el estado, donde la seguridad de las personas pasan a ser gastos superfluos frente a la maximización de la ganancia. Entonces, Chabán, es para nosotros responsable en el mismo grado que el estado que no controló, porque su acción, que apuntaba a maximizar sus ganancias, logró que se descuidaran una serie de aspectos de seguridad dentro de su local, que llevó a la muerte de muchas personas. Para dar un ejemplo, el local tenía material inflamable, que al incendiarse desprendió humo tóxico y mató a las 194 personas. Y ese material inflamable no debería haber estado. Reconstruyendo los testimonios que están en la causa judicial, logramos descubrir porqué Chabán pone ese material inflamable que sirve para acustizar (aislar acústicamente) el local. El tenía problemas con el hotel de al lado, cuyo dueño, Rafael Levi, era el mismo dueño del local Cromañón. Frente a ese problema empieza a investigar de qué manera aislar el local, y averigua una serie de presupuestos. Como era muy caro, termina comprando un material (wata) altamente inflamable en un remate, y lo hace poner por sus empleados en lugar de contratar a alguien que lo haga en buenas condiciones. Esa es una de las cuestiones en las que vemos que Chabán para ahorrar plata pone en riesgo la vida de las personas asistentes al recital. Por otro lado, la famosa puerta de emergencia que estaba trabada con un candado, aparecía en la prensa como un elemento de demonización de Chabán. Parecía un tipo irracional que pone un candado en la puerta para que la gente inocente encerrada en el local no pueda escapar. Ese candado efectivamente estaba, y no se puso porque Chabán era un loco y quería que si el local se incendiaba la gente no salga. Se puso porque ese portón o salida de emergencia daba también al hotel de al lado. Cuando se hizo todo este aislamiento sonoro, se puso también ahí las planchas de wata y se le puso encima un arco de metal (todo muy casero, atado con alambre), y las puertas habían quedado con un peso tal que no se podían abrir y corrían riesgo de que se cayeran arriba de alguien. Entonces, para que eso no sucediera, se las cerró con candado. Lo que nosotros intentamos demostrar en el libro es que, efectivamente, Chabán e Ibarra son culpables, pero no como individuos ni por una cuestión moral. Son culpables, porque forman parte de la propìa racionalidad del sistema, en donde todo empresario va a intentar lograr la mayor cantidad de ganancia posible, y el estado va a tratar de no meterse, no entorpecer la acumulación de capital de parte de la busguesía. Toda esta conducta es la de cualquier empresario o estado.
ANRed: ¿Hay una sistematicidad entonces?
G.S.C: Nosotros analizamos una serie de hechos en donde este tipo de conductas se repiten. Por ejemplo, las dos películas de Enrique Piñeyro, sobre los accidentes aéreos, "Fuerza Aérea Sociedad Anónima" y "Whisky Romeo Zulú", sobre LAPA, muestran, por un lado, empresas que para ahorrar plata y maximizar sus ganancias descuidan muchas condiciones de seguridad y, por otro lado, un estado que en lugar de controlar, deja hacer. Eso lo podemos ver en multiplicado al extremo. De hecho, los incendios en boliches bailables son algo muchísimo más comunes de lo que se cree. Nosotros nos enteramos de esto a partir de Cromañón, pero si buscamos hay casos como este en muchísimas partes del mundo, inclusos en países del primer mundo, por ahorrar en medidas de seguridad. Lo mismo pasó en el complejo comercial Ycuá Bolaños en Paraguay, el caso de Kheyvis. Y se pierde la cuenta… Pero conozco unos 50 casos en los que siempre uno va a encontrar el mismo tipo de cosas. El caso Kheyvis es casi idéntico al caso Cromagñón: uno lo ha retenido en su cabeza (porque así funciona el sentido común) como un caso en donde uno o dos chicos incendiaron un sillón, se incendió el lugar y murió gente. Pero cuando uno va a ver lo que sucedió en Kheyvis y rastrea los diarios de la época, se encuentra con que sucedió lo mismo que en Cromañón: puerta de emergencia con candado, material inflamable en el techo, errores en la habilitación e inspecciones previas que no habían previsto estas cosas. Detrás de eso no hay una serie de tragedias y casualidades que se repiten, como dice la prensa, sino que existe esta regularidad que es una conducta de la burguesía en el capitalismo donde maximizar la ganancia está por encima de todo. No porque sea algo genético, sino porque la propia competencia capitalista los obliga a eso. Un burgués que es el mejor tipo del mundo, y se gasta toda la plata necesaria para que su local sea el mejor del mundo, va a tener que trasladar esos gastos o costos a una entrada de 40 pesos, y se va a encontrar con que en un año se funde porque el resto de los burgueses van a poner entradas más baratas ahorrando el costo de seguridad, y por la propia ley de la competencia de mercado capitalista, se va a ver desplazado del mercado.
ANRed: Teniendo en cuenta esta repetición de conductas del estado y de los empresarios, ¿qué culpa le cabe a Callejeros?
G.S.C: Hemos discutido este tema con familiares de Cromañón, y cada vez que vuelvo a escribir o releer lo escrito, me sigue generando dudas el tema de Callejeros. No es un tema fácil el de ellos, porque están muy en el límite entre la responsabilidad y la no responsabilidad. Hay que separar algunos elementos. En primer lugar, uno al determinar la responsabilidad de Callejeros no se puede guiar por las declaraciones posteriores al hecho realizadas por la banda. La banda a elegido seguramente a los peores abogados, se ha alejado del movimiento de padres, a tenido declaraciones que no comparto, y no comparto su estrategia judicial. Incluso, hasta podría decir que su estrategia comercial como banda es lo mejor que podían haber hecho después de lo sucedido. Sin embargo, eso no tiene que nublar el juicio. Cuando uno evalúa las responsabilidades de Callejeros del 30 de diciembre del 2004 tiene que evaluar eso. Después, estará bien o mal lo que hacen ahora. El principal problema de Callejeros es que se alejó del movimiento de padres y su interpretación de lo que sucedió está a la derecha de la mayoría de los movimientos de padres. Pero sin embargo, es una posición política que no tiene relación con el caso. Lo que hicieron después está mal, pero eso no implica que sean culpables o no.
ANRed: ¿Qué posibilidad tenía una banda en crecimiento como Callejeros para imponer las condiciones en las que se da un recital?
G.S.C: Es un tema complicado. Porque hay que ver qué funcionamiento tenía el negocio del rock, y que función ocupaba Callejeros en ese negocio. Porque si Callejeros fuera una banda chica que lleva 50 personas, y toca en un local como cualquiera de rock antes del 2005, sin ningún tipo de condiciones de seguridad, a nadie se le ocurriría acusar a la banda. De hecho, esa noche tocaba otra banda, soporte de Callejeros, que era Ojos Locos, y muy pocos saben que tocó otra banda ahí. ¿Pero qué pasa si Callejeros fueran los Rolling Stones o La Bersuit ? Ahí cambian las cosas, porque tienen más capacidad de acumulación y un posicionamiento en el negocio del rock, donde sí pueden controlar las condiciones en la que se ofrece un show. Elegir si toco acá o no, o allá o no. El tema de Callejeros es más complicado porque ellos estaban en un lugar intermedio. Hay que hilar muy fino sobre qué responsabilidad tienen en lo que sucedió en Cromañón. Los padres que dicen que Callejeros son culpables, dicen que Callejeros eran co-organizadores del recital junto con Chabán. En realidad, cuando uno empieza a investigar, las bandas under, cuando empiezan, no tienen ningún tipo de posibilidad de imponer al dueño del lugar donde tocan ningún tipo de condiciones, porque el dueño del local no se está haciendo millonario con vos, sino que hay miles de bandas por ahí parecidas a la tuya. Cuando estás como banda principal, ya estás por encima de la escala, y ahí sí podés imponer condiciones, porque al dueño del local sí le implica una diferencia que toques vos o la banda "pepito". Callejeros estaba en un lugar intermedio. En un momento de dar el salto, pero nosotros creemos que no tenía la capacidad para imponer las condiciones al dueño del local. Callejeros venía de tocar en lugares chicos, venía de hacer su primer estadio un mes antes de lo que sucedió en Cromañón, y todavía no había dado el salto que implica otro momento en la vida de una banda. Por eso no podía ponerle condiciones a Chabán, amén de que tampoco era su responsabilidad, ya que las cuestiones organizativas y de seguridad eran del dueño del local. Chabán era el que acustizó el local y el que decía cuanta gente sí y cuanta gente no. Callejeros puede haber tenido un comportamiento irresponsable, es difícil medirlo, pueden haber percibido que en ese local había más gente de la que el local podía soportar, pueden haber sido irresponsables con el tema de la pirotecnia, pero sin embargo, las cuestiones que generan lo de Cromañón son en primer lugar responsabilidades de su dueño. Y en segundo lugar, el estado que deba controlar. Callejeros fue a tocar a un local que estaba habilitado y que supuestamente estaba controlado por el estado municipal. No tenían ni los elementos ni la responsabilidad de decidir que en ese local no se podía tocar. Con las bengalas no hay que perder de vista que los elementos que causan las muertes en Cromañón no están relacionadas directamente con las bengalas, porque también podría haber sido un cigarrillo, un cortocircuito, cualquier cosa podría haber sido lo que genere el incendio. Las muertes no dependen de esa bengala. Es sólo la chispa que provoca todo. Sino la capacidad del local que estaba excedida, las puertas que estaban cerradas, y el material inflamable que había en el lugar. Si no hubiera habido material inflamable, no hubiera sucedido lo que sucedió. Si hubiera habido material inflamable, pero hubieran estado las puertas abiertas, se hubiera evacuado todo antes de que nadie se muriera asfixiado. Si hubiera estado el material inflamable y las puertas cerradas, pero la capacidad del local se hubiera respetado, se hubiera evacuado también antes de que se muera nadie. O sea, cualquiera de esos tres factores era necesario para que se produzcan las muertes. La bengala es el único que no, porque podría haber sido cualquier otro elemento. Y le hubiera sucedido lo mismo a otra banda ahí o en otros lados. Como se demostró posteriormente, casi todos los locales de Buenos Aires presentaban las mismas infracciones.
ANRed: ¿Qué opinión te merece lo que se dio en llamar "efecto post-Cromañón, con el cierre masivo de espacios y centros culturales"?
G.S.C: Fue un manotazo de ahogado del gobierno, de cerrar todos los locales de todo tipo en la Ciudad de Buenos Aires, porque la crisis política explotaba por todos lados y había que dar señales y hacer algo. Lo primero que hizo el gobierno de Ibarra, como el cuerpo de inspectores de la ciudad estaba desmantelado, y había sólo 100 tipos que no podían controlar todos los locales en tres días, para decir cuáles estaban en condiciones o no, empezaron a cerrar todo y revisarlos. Y encuentran que el 90 por ciento de los locales de cualquier tipo no estaban en condiciones de funcionar de acuerdo a la normativa. Y había muchos centros culturales, por más que nos moleste. Esa es una normativa correcta. Es la forma de evitar que pueda repetirse otro Cromañón. Ahora bien, eso generó que diversas actividades culturales no encontraran espacios. El problema no es el cierre. El tema es que bajo el capitalismo esos locales no son rentables. Y en esas condiciones, no se abren. ¿Qué se debería hacer? Demandar que el Estado cree espacios para esas actividades, con las condiciones de seguridad necesarias. Pero el tema es que el Estado también es parte de esta sociedad, y tampoco para él es rentable que haya un espacio donde toquen bandas alternativas o la gente se forme. En el sistema capitalista esos espacios sólo pueden funcionar sino respetan las normas de seguridad. Si tienen que poner plata para cumplir estas normas de seguridad, ya dejan de ser rentables y no funcionan. El problema es el capitalismo y cuál es el lugar que tiene este sistema para los espacios culturales.
ANRed: En una nota que sacaste en El Aromo hablás de los vínculos entre los empresarios de la noche porteña y el ibarrismo. ¿Podés ampliarnos eso?
G.S.C: Cuando nos metimos en todo este tema del cuerpo de inspectores de la ciudad, un nido bastante turbio, vemos que este cuerpo aparece como una fuente de recaudación de dinero para financiar, muy probablemente, el aparato político de Ibarra. En primer lugar, hay una serie de medidas del gobierno de Ibarra: en el 2003 va a desmantelar todo el cuerpo de inspectores, que como el dijo él mismo, era un "nido de corruptos". En esa acción de fines de 2003, lo desmantela y lo reemplaza por otro, Unidad Polivalente de Inspecciones (UPI), que en ese momento empieza a funcionar con 30 inspectores. Pero reemplazar un cuerpo, aunque sea corrupto, de unos 300 empleados por uno de 30 que tenía a su cargo más de 70 mil actividades consideradas "críticas" (actividades comerciales que implicaban un riesgo para la población), y pensar que podían llegar a controlar todo eso, es descabellado. Ibarra vació el cuerpo de inspectores. Y lo que hicieron fue centralizar la decisión sobre qué se abre y qué se cierra en un reducido grupo de inspectores, encabezados por Fabiana Fizbin e indirectamente, Marcelo Antuña, responsable previo del área. Generalmente, a partir de ese momento, las infracciones se hacían por denuncias. Antes, si vos eras inspector, y pasabas y veías una infracción, podías pasar, hacer inspección y podías hacer la denuncia. Ahora, debías comunicarte con ese pequeño grupo, que decidía qué se clausuraba y que no. O sea, los inspectores habían perdido su poder de policía y decisión. No podían clausurar directamente ante una irregularidad. Ese grupo pequeño al cual remitían todos los inspectores respondían políticamente a Vilma Ibarra, que era quien manejaba una de las dos camarillas en las que estaba dividido el gobierno de la ciudad: por lado, Vilma Ibarra, y por el otro, el entonces jefe de gabinete Raúl Fernández, que luego se queda más tarde con Jorge Telerman. Y eran quienes dirigían toda el área de inspección, que tenían una relación bastante sospechosa con la Cámara de Empresarios de Discotecas y Entretenimientos (CEDEBA), que agrupaba a todos los boliches y locales nocturnos, que se formó en 2004, y tenían una relación muy cercana con el sector de Vilma Ibarra que, no está de más decirlo, era la hermana del jefe de gobierno Aníbal Ibarra.
Ibarra no podía desconocer cómo funcionaba todo esto. Un ejemplo de esta relación es que en la única actividad pública que hizo esta cámara, que fue un encuentro o congreso para dueños de discotecas, en cada una de las mesas del encuentro había un funcionario del área de inspecciones, que era parte de esta camarilla de Ibarra.
Organizaban una rueda de prensa, y estaba el secretario de prensa de Ibarra. Hacían una mesa para hablar de cualquier tema, y ahí estaba Vilma Ibarra. Hacían una mesa sobre seguridad, y estaba un inspector del área de seguridad que respondía a Vilma Ibarra. Todos los funcionarios que han sido procesados alguna vez en esta causa, estuvieron alguna vez en esta reunión, en donde no había prácticamente nadie más. Eso demuestra la relación muy cercana que había entre esta cámara y Vilma Ibarra. Y lo que se sospecha es que la cámara pagaba coimas a este sector para financiar el aparato político que era el FREPASO. Marcelo Antuña, que era uno de los que respondía a Vilma Ibarra, era el apoderado del partido. Y Vilma sería la que imaginaría buena parte de esta estructura.
ANRed: ¿Por qué no están los responsables políticos máximos en este juicio?
G.S.C: Es una buena pregunta que habría que hacérsela al juez. La justicia en su propio funcionamiento tiene una lógica de clase, en la cual, frente a este tipo de hechos que involucran al propio estado y el funcionamiento de las propias instituciones, la tendencia es a que, salvo que no se pueda hacer otra cosa, se va a tratar de hacer zafar al funcionario. En el caso de Cromañón, la pregunta es ¿porqué la justicia puede hacer zafar a los funcionarios? El tema es que en la jerarquía del gobierno de la ciudad, desde el inspector hasta Aníbal Ibarra, hay una serie de escalones intermedios, en los cuales, uno tendría que ir avanzando de uno en uno hasta llegar a Ibarra. Tendrías que demostrar la conexión entre cada uno e Ibarra. Y esta conexión se va haciendo cada vez más difícil de demostrar. En primer lugar, es difícil de probar porque nadie te firma un recibo de corrupción por la coima que cobra. Es siempre una relación entre dos personas que, salvo que una de las dos partes lo filme y lo muestre como prueba, no se puede comprobar. En segundo lugar, la coima nunca la cobra el funcionario de mayor jerarquía. Siempre se manda a un funcionario menor. Entonces, hay que probar no sólo lo anterior sino también la relación entre ese funcionario menor y el mayor sospechado de pedir coimas. Y la justicia siempre actúa con esa lógica. Con Cromañón procesó a los responsables directos. Se los acusa de no haber inspeccionado Cromañón. Se procesó a Fabiana Fizbin por un delito muy menor, como es el de "incumplimiento de los deberes de funcionario público". Ahora, cuando se tenía que procesar al resto, cuando el juez Lucina avanzó hasta un tipo que reportaba directamente a Ibarra, como era Juan Carlos López, lo procesó, pero después se revocó por fallos de segunda instancia en donde el argumento de la justicia para no procesar a los funcionarios de mayor jerarquía (ni hablar todavía de Ibarra) era que un superior no puede estar al tanto de todo lo que hacen los subordinados. Lo que está debiendo ahí la justicia, es que existe una lógica funcionamiento, que existen órdenes en el cual el funcionario de mayor jerarquía está. Y en el caso de Cromañón hay muchas pruebas de que los funcionarios de mayor jerarquía estaban al tanto. Hay muchas denuncias sobre el funcionamiento de las inspecciones que llegaban al propio Ibarra, incluso una vez salió en una tapa de Clarín. Para la justicia la responsabilidad es una responsabilidad directa y cuanto menos directa sea, menos se va a avanzar, y si no se tiene la voluntad política (porque avanzar significa bancarse la presión de Kirchner y todo el aparato de Ibarra), por acuerdos compartidos con los políticos de turno, no se puede avanzar. Cn la masacre del puente Pueyrredón sucedió lo mismo: se procesa a los dos policías que apretaron el gatillo pero los ministros de gobierno y al propio Duhalde ni siquiera se los menciona. Siempre funciona de la misma manera la justicia. La mayor falencia de este juicio es que el estado no está siendo juzgado. Sólo está siendo simbólicamente juzgados Fizbin, Fernández y Torres como representantes del estado, pero en realidad, es más una forma de encubrir una responsabilidad mayor, que hacer justicia.
Gustavo Sanz Cerbino: Depende desde donde lo tomes. Hay por un lado ciertos culpables para la justicia, que ha avanzado en tres líneas de culpabilidad claras: por un lado, Omar Chabán; por otro, el tema de la banda (ahí nosotros no compartimos el criterio de la justicia, no creemos que Callejeros sea culpable); y por otro lado, a avanzado a medias sobre los responsables del estado de controlar ese local. Y ahí creemos que Aníbal Ibarra, que ni siquiera fue llamado a declarar en la causa, y los funcionarios que controlaban esa área tienen más responsabilidades de las que la justicia les está asignando. Hay solamente 3 funcionarios acusados de "incumplimiento de los deberes de funcionario público" , que es una pena menor, excarcelable, que en el peor de los casos va a significar dos años de cárcel, y nosotros creemos que hay más responsables que los que están siendo juzgados, y que las penas deberían ser, como mínimo, como las de Chabán. Por otro lado, la otra línea sobre la que intentó avanzar la justicia, pero que no pudo lograr, fue la de juzgar a la persona que tiró la bengala que inició el incendio. Nosotros creemos y tratamos de demostrar en el libro que a esa persona no le cabe ninguna responsabilidad, y si la justicia no logró sentar en el banquillo a alguna víctima es porque no pudo avanzar en esa línea de investigación. Pero las pesquisas de la policía para buscar al chico ese han llegado hasta Chaco incluso; lo han buscado por todas partes. Ahí no hay ninguna responsabilidad: Callejeros y las personas que asistieron al recital son víctimas de un funcionamiento de la sociedad que se expresa en los empresarios y en el estado, donde la seguridad de las personas pasan a ser gastos superfluos frente a la maximización de la ganancia. Entonces, Chabán, es para nosotros responsable en el mismo grado que el estado que no controló, porque su acción, que apuntaba a maximizar sus ganancias, logró que se descuidaran una serie de aspectos de seguridad dentro de su local, que llevó a la muerte de muchas personas. Para dar un ejemplo, el local tenía material inflamable, que al incendiarse desprendió humo tóxico y mató a las 194 personas. Y ese material inflamable no debería haber estado. Reconstruyendo los testimonios que están en la causa judicial, logramos descubrir porqué Chabán pone ese material inflamable que sirve para acustizar (aislar acústicamente) el local. El tenía problemas con el hotel de al lado, cuyo dueño, Rafael Levi, era el mismo dueño del local Cromañón. Frente a ese problema empieza a investigar de qué manera aislar el local, y averigua una serie de presupuestos. Como era muy caro, termina comprando un material (wata) altamente inflamable en un remate, y lo hace poner por sus empleados en lugar de contratar a alguien que lo haga en buenas condiciones. Esa es una de las cuestiones en las que vemos que Chabán para ahorrar plata pone en riesgo la vida de las personas asistentes al recital. Por otro lado, la famosa puerta de emergencia que estaba trabada con un candado, aparecía en la prensa como un elemento de demonización de Chabán. Parecía un tipo irracional que pone un candado en la puerta para que la gente inocente encerrada en el local no pueda escapar. Ese candado efectivamente estaba, y no se puso porque Chabán era un loco y quería que si el local se incendiaba la gente no salga. Se puso porque ese portón o salida de emergencia daba también al hotel de al lado. Cuando se hizo todo este aislamiento sonoro, se puso también ahí las planchas de wata y se le puso encima un arco de metal (todo muy casero, atado con alambre), y las puertas habían quedado con un peso tal que no se podían abrir y corrían riesgo de que se cayeran arriba de alguien. Entonces, para que eso no sucediera, se las cerró con candado. Lo que nosotros intentamos demostrar en el libro es que, efectivamente, Chabán e Ibarra son culpables, pero no como individuos ni por una cuestión moral. Son culpables, porque forman parte de la propìa racionalidad del sistema, en donde todo empresario va a intentar lograr la mayor cantidad de ganancia posible, y el estado va a tratar de no meterse, no entorpecer la acumulación de capital de parte de la busguesía. Toda esta conducta es la de cualquier empresario o estado.
ANRed: ¿Hay una sistematicidad entonces?
G.S.C: Nosotros analizamos una serie de hechos en donde este tipo de conductas se repiten. Por ejemplo, las dos películas de Enrique Piñeyro, sobre los accidentes aéreos, "Fuerza Aérea Sociedad Anónima" y "Whisky Romeo Zulú", sobre LAPA, muestran, por un lado, empresas que para ahorrar plata y maximizar sus ganancias descuidan muchas condiciones de seguridad y, por otro lado, un estado que en lugar de controlar, deja hacer. Eso lo podemos ver en multiplicado al extremo. De hecho, los incendios en boliches bailables son algo muchísimo más comunes de lo que se cree. Nosotros nos enteramos de esto a partir de Cromañón, pero si buscamos hay casos como este en muchísimas partes del mundo, inclusos en países del primer mundo, por ahorrar en medidas de seguridad. Lo mismo pasó en el complejo comercial Ycuá Bolaños en Paraguay, el caso de Kheyvis. Y se pierde la cuenta… Pero conozco unos 50 casos en los que siempre uno va a encontrar el mismo tipo de cosas. El caso Kheyvis es casi idéntico al caso Cromagñón: uno lo ha retenido en su cabeza (porque así funciona el sentido común) como un caso en donde uno o dos chicos incendiaron un sillón, se incendió el lugar y murió gente. Pero cuando uno va a ver lo que sucedió en Kheyvis y rastrea los diarios de la época, se encuentra con que sucedió lo mismo que en Cromañón: puerta de emergencia con candado, material inflamable en el techo, errores en la habilitación e inspecciones previas que no habían previsto estas cosas. Detrás de eso no hay una serie de tragedias y casualidades que se repiten, como dice la prensa, sino que existe esta regularidad que es una conducta de la burguesía en el capitalismo donde maximizar la ganancia está por encima de todo. No porque sea algo genético, sino porque la propia competencia capitalista los obliga a eso. Un burgués que es el mejor tipo del mundo, y se gasta toda la plata necesaria para que su local sea el mejor del mundo, va a tener que trasladar esos gastos o costos a una entrada de 40 pesos, y se va a encontrar con que en un año se funde porque el resto de los burgueses van a poner entradas más baratas ahorrando el costo de seguridad, y por la propia ley de la competencia de mercado capitalista, se va a ver desplazado del mercado.
ANRed: Teniendo en cuenta esta repetición de conductas del estado y de los empresarios, ¿qué culpa le cabe a Callejeros?
G.S.C: Hemos discutido este tema con familiares de Cromañón, y cada vez que vuelvo a escribir o releer lo escrito, me sigue generando dudas el tema de Callejeros. No es un tema fácil el de ellos, porque están muy en el límite entre la responsabilidad y la no responsabilidad. Hay que separar algunos elementos. En primer lugar, uno al determinar la responsabilidad de Callejeros no se puede guiar por las declaraciones posteriores al hecho realizadas por la banda. La banda a elegido seguramente a los peores abogados, se ha alejado del movimiento de padres, a tenido declaraciones que no comparto, y no comparto su estrategia judicial. Incluso, hasta podría decir que su estrategia comercial como banda es lo mejor que podían haber hecho después de lo sucedido. Sin embargo, eso no tiene que nublar el juicio. Cuando uno evalúa las responsabilidades de Callejeros del 30 de diciembre del 2004 tiene que evaluar eso. Después, estará bien o mal lo que hacen ahora. El principal problema de Callejeros es que se alejó del movimiento de padres y su interpretación de lo que sucedió está a la derecha de la mayoría de los movimientos de padres. Pero sin embargo, es una posición política que no tiene relación con el caso. Lo que hicieron después está mal, pero eso no implica que sean culpables o no.
ANRed: ¿Qué posibilidad tenía una banda en crecimiento como Callejeros para imponer las condiciones en las que se da un recital?
G.S.C: Es un tema complicado. Porque hay que ver qué funcionamiento tenía el negocio del rock, y que función ocupaba Callejeros en ese negocio. Porque si Callejeros fuera una banda chica que lleva 50 personas, y toca en un local como cualquiera de rock antes del 2005, sin ningún tipo de condiciones de seguridad, a nadie se le ocurriría acusar a la banda. De hecho, esa noche tocaba otra banda, soporte de Callejeros, que era Ojos Locos, y muy pocos saben que tocó otra banda ahí. ¿Pero qué pasa si Callejeros fueran los Rolling Stones o La Bersuit ? Ahí cambian las cosas, porque tienen más capacidad de acumulación y un posicionamiento en el negocio del rock, donde sí pueden controlar las condiciones en la que se ofrece un show. Elegir si toco acá o no, o allá o no. El tema de Callejeros es más complicado porque ellos estaban en un lugar intermedio. Hay que hilar muy fino sobre qué responsabilidad tienen en lo que sucedió en Cromañón. Los padres que dicen que Callejeros son culpables, dicen que Callejeros eran co-organizadores del recital junto con Chabán. En realidad, cuando uno empieza a investigar, las bandas under, cuando empiezan, no tienen ningún tipo de posibilidad de imponer al dueño del lugar donde tocan ningún tipo de condiciones, porque el dueño del local no se está haciendo millonario con vos, sino que hay miles de bandas por ahí parecidas a la tuya. Cuando estás como banda principal, ya estás por encima de la escala, y ahí sí podés imponer condiciones, porque al dueño del local sí le implica una diferencia que toques vos o la banda "pepito". Callejeros estaba en un lugar intermedio. En un momento de dar el salto, pero nosotros creemos que no tenía la capacidad para imponer las condiciones al dueño del local. Callejeros venía de tocar en lugares chicos, venía de hacer su primer estadio un mes antes de lo que sucedió en Cromañón, y todavía no había dado el salto que implica otro momento en la vida de una banda. Por eso no podía ponerle condiciones a Chabán, amén de que tampoco era su responsabilidad, ya que las cuestiones organizativas y de seguridad eran del dueño del local. Chabán era el que acustizó el local y el que decía cuanta gente sí y cuanta gente no. Callejeros puede haber tenido un comportamiento irresponsable, es difícil medirlo, pueden haber percibido que en ese local había más gente de la que el local podía soportar, pueden haber sido irresponsables con el tema de la pirotecnia, pero sin embargo, las cuestiones que generan lo de Cromañón son en primer lugar responsabilidades de su dueño. Y en segundo lugar, el estado que deba controlar. Callejeros fue a tocar a un local que estaba habilitado y que supuestamente estaba controlado por el estado municipal. No tenían ni los elementos ni la responsabilidad de decidir que en ese local no se podía tocar. Con las bengalas no hay que perder de vista que los elementos que causan las muertes en Cromañón no están relacionadas directamente con las bengalas, porque también podría haber sido un cigarrillo, un cortocircuito, cualquier cosa podría haber sido lo que genere el incendio. Las muertes no dependen de esa bengala. Es sólo la chispa que provoca todo. Sino la capacidad del local que estaba excedida, las puertas que estaban cerradas, y el material inflamable que había en el lugar. Si no hubiera habido material inflamable, no hubiera sucedido lo que sucedió. Si hubiera habido material inflamable, pero hubieran estado las puertas abiertas, se hubiera evacuado todo antes de que nadie se muriera asfixiado. Si hubiera estado el material inflamable y las puertas cerradas, pero la capacidad del local se hubiera respetado, se hubiera evacuado también antes de que se muera nadie. O sea, cualquiera de esos tres factores era necesario para que se produzcan las muertes. La bengala es el único que no, porque podría haber sido cualquier otro elemento. Y le hubiera sucedido lo mismo a otra banda ahí o en otros lados. Como se demostró posteriormente, casi todos los locales de Buenos Aires presentaban las mismas infracciones.
ANRed: ¿Qué opinión te merece lo que se dio en llamar "efecto post-Cromañón, con el cierre masivo de espacios y centros culturales"?
G.S.C: Fue un manotazo de ahogado del gobierno, de cerrar todos los locales de todo tipo en la Ciudad de Buenos Aires, porque la crisis política explotaba por todos lados y había que dar señales y hacer algo. Lo primero que hizo el gobierno de Ibarra, como el cuerpo de inspectores de la ciudad estaba desmantelado, y había sólo 100 tipos que no podían controlar todos los locales en tres días, para decir cuáles estaban en condiciones o no, empezaron a cerrar todo y revisarlos. Y encuentran que el 90 por ciento de los locales de cualquier tipo no estaban en condiciones de funcionar de acuerdo a la normativa. Y había muchos centros culturales, por más que nos moleste. Esa es una normativa correcta. Es la forma de evitar que pueda repetirse otro Cromañón. Ahora bien, eso generó que diversas actividades culturales no encontraran espacios. El problema no es el cierre. El tema es que bajo el capitalismo esos locales no son rentables. Y en esas condiciones, no se abren. ¿Qué se debería hacer? Demandar que el Estado cree espacios para esas actividades, con las condiciones de seguridad necesarias. Pero el tema es que el Estado también es parte de esta sociedad, y tampoco para él es rentable que haya un espacio donde toquen bandas alternativas o la gente se forme. En el sistema capitalista esos espacios sólo pueden funcionar sino respetan las normas de seguridad. Si tienen que poner plata para cumplir estas normas de seguridad, ya dejan de ser rentables y no funcionan. El problema es el capitalismo y cuál es el lugar que tiene este sistema para los espacios culturales.
ANRed: En una nota que sacaste en El Aromo hablás de los vínculos entre los empresarios de la noche porteña y el ibarrismo. ¿Podés ampliarnos eso?
G.S.C: Cuando nos metimos en todo este tema del cuerpo de inspectores de la ciudad, un nido bastante turbio, vemos que este cuerpo aparece como una fuente de recaudación de dinero para financiar, muy probablemente, el aparato político de Ibarra. En primer lugar, hay una serie de medidas del gobierno de Ibarra: en el 2003 va a desmantelar todo el cuerpo de inspectores, que como el dijo él mismo, era un "nido de corruptos". En esa acción de fines de 2003, lo desmantela y lo reemplaza por otro, Unidad Polivalente de Inspecciones (UPI), que en ese momento empieza a funcionar con 30 inspectores. Pero reemplazar un cuerpo, aunque sea corrupto, de unos 300 empleados por uno de 30 que tenía a su cargo más de 70 mil actividades consideradas "críticas" (actividades comerciales que implicaban un riesgo para la población), y pensar que podían llegar a controlar todo eso, es descabellado. Ibarra vació el cuerpo de inspectores. Y lo que hicieron fue centralizar la decisión sobre qué se abre y qué se cierra en un reducido grupo de inspectores, encabezados por Fabiana Fizbin e indirectamente, Marcelo Antuña, responsable previo del área. Generalmente, a partir de ese momento, las infracciones se hacían por denuncias. Antes, si vos eras inspector, y pasabas y veías una infracción, podías pasar, hacer inspección y podías hacer la denuncia. Ahora, debías comunicarte con ese pequeño grupo, que decidía qué se clausuraba y que no. O sea, los inspectores habían perdido su poder de policía y decisión. No podían clausurar directamente ante una irregularidad. Ese grupo pequeño al cual remitían todos los inspectores respondían políticamente a Vilma Ibarra, que era quien manejaba una de las dos camarillas en las que estaba dividido el gobierno de la ciudad: por lado, Vilma Ibarra, y por el otro, el entonces jefe de gabinete Raúl Fernández, que luego se queda más tarde con Jorge Telerman. Y eran quienes dirigían toda el área de inspección, que tenían una relación bastante sospechosa con la Cámara de Empresarios de Discotecas y Entretenimientos (CEDEBA), que agrupaba a todos los boliches y locales nocturnos, que se formó en 2004, y tenían una relación muy cercana con el sector de Vilma Ibarra que, no está de más decirlo, era la hermana del jefe de gobierno Aníbal Ibarra.
Ibarra no podía desconocer cómo funcionaba todo esto. Un ejemplo de esta relación es que en la única actividad pública que hizo esta cámara, que fue un encuentro o congreso para dueños de discotecas, en cada una de las mesas del encuentro había un funcionario del área de inspecciones, que era parte de esta camarilla de Ibarra.
Organizaban una rueda de prensa, y estaba el secretario de prensa de Ibarra. Hacían una mesa para hablar de cualquier tema, y ahí estaba Vilma Ibarra. Hacían una mesa sobre seguridad, y estaba un inspector del área de seguridad que respondía a Vilma Ibarra. Todos los funcionarios que han sido procesados alguna vez en esta causa, estuvieron alguna vez en esta reunión, en donde no había prácticamente nadie más. Eso demuestra la relación muy cercana que había entre esta cámara y Vilma Ibarra. Y lo que se sospecha es que la cámara pagaba coimas a este sector para financiar el aparato político que era el FREPASO. Marcelo Antuña, que era uno de los que respondía a Vilma Ibarra, era el apoderado del partido. Y Vilma sería la que imaginaría buena parte de esta estructura.
ANRed: ¿Por qué no están los responsables políticos máximos en este juicio?
G.S.C: Es una buena pregunta que habría que hacérsela al juez. La justicia en su propio funcionamiento tiene una lógica de clase, en la cual, frente a este tipo de hechos que involucran al propio estado y el funcionamiento de las propias instituciones, la tendencia es a que, salvo que no se pueda hacer otra cosa, se va a tratar de hacer zafar al funcionario. En el caso de Cromañón, la pregunta es ¿porqué la justicia puede hacer zafar a los funcionarios? El tema es que en la jerarquía del gobierno de la ciudad, desde el inspector hasta Aníbal Ibarra, hay una serie de escalones intermedios, en los cuales, uno tendría que ir avanzando de uno en uno hasta llegar a Ibarra. Tendrías que demostrar la conexión entre cada uno e Ibarra. Y esta conexión se va haciendo cada vez más difícil de demostrar. En primer lugar, es difícil de probar porque nadie te firma un recibo de corrupción por la coima que cobra. Es siempre una relación entre dos personas que, salvo que una de las dos partes lo filme y lo muestre como prueba, no se puede comprobar. En segundo lugar, la coima nunca la cobra el funcionario de mayor jerarquía. Siempre se manda a un funcionario menor. Entonces, hay que probar no sólo lo anterior sino también la relación entre ese funcionario menor y el mayor sospechado de pedir coimas. Y la justicia siempre actúa con esa lógica. Con Cromañón procesó a los responsables directos. Se los acusa de no haber inspeccionado Cromañón. Se procesó a Fabiana Fizbin por un delito muy menor, como es el de "incumplimiento de los deberes de funcionario público". Ahora, cuando se tenía que procesar al resto, cuando el juez Lucina avanzó hasta un tipo que reportaba directamente a Ibarra, como era Juan Carlos López, lo procesó, pero después se revocó por fallos de segunda instancia en donde el argumento de la justicia para no procesar a los funcionarios de mayor jerarquía (ni hablar todavía de Ibarra) era que un superior no puede estar al tanto de todo lo que hacen los subordinados. Lo que está debiendo ahí la justicia, es que existe una lógica funcionamiento, que existen órdenes en el cual el funcionario de mayor jerarquía está. Y en el caso de Cromañón hay muchas pruebas de que los funcionarios de mayor jerarquía estaban al tanto. Hay muchas denuncias sobre el funcionamiento de las inspecciones que llegaban al propio Ibarra, incluso una vez salió en una tapa de Clarín. Para la justicia la responsabilidad es una responsabilidad directa y cuanto menos directa sea, menos se va a avanzar, y si no se tiene la voluntad política (porque avanzar significa bancarse la presión de Kirchner y todo el aparato de Ibarra), por acuerdos compartidos con los políticos de turno, no se puede avanzar. Cn la masacre del puente Pueyrredón sucedió lo mismo: se procesa a los dos policías que apretaron el gatillo pero los ministros de gobierno y al propio Duhalde ni siquiera se los menciona. Siempre funciona de la misma manera la justicia. La mayor falencia de este juicio es que el estado no está siendo juzgado. Sólo está siendo simbólicamente juzgados Fizbin, Fernández y Torres como representantes del estado, pero en realidad, es más una forma de encubrir una responsabilidad mayor, que hacer justicia.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)