Miércoles 18 de mayo, 12.20 del mediodía. La mujer llega apurada al edificio de Lavalle 1425. En el tercer piso la espera Marcelo Fainberg, su abogado. Rubia, flequillo tupido y algunos rulos. No es sencillo reconocerla a primera vista: en 2004, cuando conducía la Subsecretaría de Control Comunal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Fabiana Fiszbin solía ir a trabajar con el cabello suelto, lacio y caoba. Claro que su aspecto no fue lo único que cambió en estos años.
Hace tres semanas Fiszbin fue condenada a cuatro años de prisión por el incendio que provocó 194 muertes en República Cromañón. Fue un fallo histórico: por primera vez un ex funcionario público podría terminar preso por no haber cumplido con su tarea. El abogado Fainberg tiene a su cargo la trabajosa tarea de convencer al Tribunal de Casación de la inocencia de Fiszbin. Pero la estrategia de defensa no se limita al fuero judicial: en los últimos días, la ex subsecretaria porteña decidió emprender una cuidada operación de blanqueo mediático.
Para llevar a cabo el operativo, Fiszbin contrató a la consultora Llorente & Cuenca, una de las empresas más destacadas del rubro, cuyos servicios, según fuentes del mercado, cotizan entre los 10 mil y 20 mil pesos por mes. La primera parte de la misión consistió en realizar una serie de entrevistas con medios estratégicamente seleccionados. La condición fundamental: “Nada de fotos”.
Los reportajes se realizaron en el estudio de su abogado, en el bullicioso barrio de Tribunales, a dos cuadras del recinto donde el pasado 20 de abril el Tribunal Oral en lo Criminal número 24 impuso condenas a catorce imputados por el hecho. Entre ellos se encontraba Fiszbin, sentenciada a cuatro años de prisión por ser considerada “autora penalmente responsable por el delito de omisión de los deberes de funcionario público en concurso ideal con el delito de incendio culposo seguido de muerte”. Junto a ella, otros dos funcionarios recibieron condenas menores: Gustavo Torres, ex director de Fiscalización y Control, y Ana María Fernández, ex directora adjunta de la misma repartición. El tribunal dictaminó que los tres purguen prisión efectiva, pero continuarán en libertad hasta que los tribunales de alzada confirmen o desestimen las apelaciones.
En ese marco, el raid de entrevistas constituyen un refuerzo mediático a la estrategia legal que desplegará el abogado de Fiszbin. Como parte de ese complemento, en los próximos días el equipo de comunicación que la asesora difundirá una información inquietante: Horacio Mario Santinelli, quien trabajaba en la Unidad Polivalente de Inspecciones (UPI) de la Secretaría de Gobierno y Control Comunal –a cargo de la propia Fiszbin–, fue uno de los testigos que declaró sobre distintas irregularidades en el organismo. La defensa de Fiszbin detectó que el 2 de diciembre de 2010 el juez federal Sergio Torres elevó a juicio oral a Santinelli por “haber invocado falsamente el carácter de ingeniero químico”. Al parecer, el testigo no tenía el título que decía tener. Ese hecho, sin embargo, no invalida su testimonio en la causa Cromañón, ya que allí declaró como empleado de la secretaría, no como perito. Sin embargo, en el entorno de Fiszbin confían en que la revelación sirva para limar la credibilidad de Santinelli como testigo.
Por ahora Fiszbin deberá esperar a que la Cámara Nacional de Casación Penal y luego la Corte Suprema de Justicia revisen las penas. Mientras tanto, no puede salir del país ni ausentarse de su domicilio por más de un día. Tiempo escaso, pero suficiente para analizar estrategias en el estudio de su abogado y conceder allí algunas entrevistas.
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